Un informe de la UE determina que el 53% de los españoles LGTBI ha sufrido acoso

Los datos siguen alertando de que las personas LGTBI son víctimas de delitos de odio: el 53% de los españoles asegura haber sufrido acoso por cuestión de orientación sexual o identidad de género en el último año, un porcentaje que pone en el foco la falta de medidas para combatir el odio LGTBIfóbico y que es similar en todos los países de la Unión Europea, según el III informe de la Encuesta LGBTI de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En este sentido, uno de los países con este porcentaje más elevado es Polonia, con un 58%, mientras que Portugal destaca en el otro lado de la balanza, con un 48%. Entremedias, un 51% de los italianos asegura haber sufrido acoso LGTBIfóbico; un 53% de los belgas; un 56% de los franceses, y un 57% de los alemanes y húngaros, siendo un 54% la media de la Unión Europea.

El mismo informe revela que el 12% de los españoles LGTBI ha sufrido agresiones en los últimos cinco años y un 4% en el último año. Un punto por debajo de la media de la Unión Europea en ambas situaciones. Unos datos en los que también Portugal destaca con un 8% agresiones en los últimos cinco años y un 2%, en el último año. Los alemanes, franceses y polacos LGTBI son los que más han sido víctimas de estos ataques de odio: un 16% y 6% en los mismos periodos de tiempo. «Las personas LGTBI somos más visibles, eso es bueno porque da libertad, pero también supone que somos más susceptibles de sufrir delitos de odio», apunta Charo Alises, presidenta de la asociación LGTBI Ojalá y responsable de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga.

España es uno de los países donde más se siente que la violencia contra las personas LGTBI ha aumentado, un 75% lo considera así, mientras que el 66% afirma que los prejuicios y la intolerancia hacia las personas LGBTI han aumentado en su país en los últimos cinco años. La media de la Unión Europea se encuentra en 59% respecto al aumento de la violencia y un 53% sobre los prejuicios e intolerancia. «Una cosa son los datos que vienen de las denuncias y otra cosa son los datos reales de las personas que saben que hay muchas cosas que no se denuncian», así lo explica Alises. Por su parte, Irene Navarro, presidenta de la asociación LGTBI sevillana DeFrente, achaca esta percepción al aumento de los delitos de odio y pone el foco en el colectivo trans, el más perjudicado según los informes. «Los datos que se arrojan indican que hay cierto aumento de los delitos de odio, sobre todo en contra el colectivo trans. En parte se debe a los discursos políticos de odio y del sector feminista transexcluyente», asegura Navarro.

Las denuncias, según Alises, pueden haber aumentado gracias a campañas de concienciación por parte de los colectivos LGTBI, pero que siguen sin ser representantes del total de los delitos de odio contra las personas LGTBI. «Hay varios motivos: la gente tiene miedo a las represalias, hay gente que piensa que no va a servir para nada y hay personas que, como se dice coloquialmente, están en el armario y les cuesta mucho trabajo ir a denunciar», señala Alises en consonancia con las palabras de Navarro. «Por eso digo que hace falta más sensibilización y formación a todos los niveles que tienen que ver con el tratamiento de los delitos de odio», cuenta.

Para luchar contra la LGTBIfobia, Alises pide que se implemente la Ley LGTBI de Andalucía de una manera «real y efectiva». «Hace falta formación e información a todos los niveles. La educación en el respeto a la diversidad sexual de género y familiar en Andalucía sigue brillando por su ausencia», afirma la presidenta de Ojalá. Algo que también reclama a nivel estatal con la Ley Trans. «Hay que prevenir. Si previenes, las cosas no pasan. Y eso pasa por la formación, la sensibilización y la visibilización de la diversidad sexual, de género y familiar», dice. Unas peticiones a las que se suma Navarro, quien añade que los datos deben ser «más claros» para llevar a cabo medidas específicas.

La presidenta de DeFrente denuncia la falta de datos por parte de las administraciones, por lo que habla de infradetección. «A nivel estatal sólo hay disponible la evolución de los delitos de odio de 2022 del Ministerio de Interior y, en Andalucía, las últimas cifras son de 2021», alerta Navarro ante la preocupación de no poder actuar de una manera más efectiva.