Víctor Rojas
Lunes, 8 de enero 2024, 22:46
La realidad de las personas trans en España y Andalucía presenta un aumento de los delitos de odio contra las personas de este colectivo. En 2021 se recogieron 466 delitos de odio por motivo de orientación sexual e identidad de género en España, de los cuales 64 se produjeron en Andalucía. Datos que se traducen en un incremento del 67,63% con respecto a 2019 y del 68,23% respecto a 2020, según las cifras del cuarto informe bienal de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía para los años 2021 y 2022, que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento de Andalucía.
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El informe, que ha sido presentado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, también aporta otros datos. Por ejemplo, señala que la tasa de desempleo es del 41,5% para las mujeres trans y del 48,7% para los hombres. Además, el 68,2% denunció que había sido discriminado en el ámbito laboral. Respecto al acoso educativo, el estudio dice que el 17% del alumnado trans es víctima de LGTBIfobia y un 14%, del acoso online.
En este sentido, el estudio reconoce que ha habido «progresos normativos» en el camino del respeto a la diversidad sexogenérica, pero que la sociedad andaluza debe seguir avanzando para en la integración y el pleno disfrute de derechos y libertades de las personas LGTBI, así como en la prevención y eliminación de los episodios de LGTBIfobia. Por ello, el documento aboga por diseñar actuaciones dirigidas a las familias al objeto de construir una sociedad más igualitaria y respetuosa.
Para normalizar la situación de las personas trans en la sociedad, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha diferentes medidas que previenen y luchan contra la LGTBIfobia desde distintos ámbitos. Medidas que se detallan en este cuarto informe bianual de la Ley Trans y que tienen como objetivo «reforzar la información, sensibilización, formación e investigación, las actuaciones de impulso de la participación» y también el fomento de proyectos de interés social realizados por entidades LGTBI. Asimismo, se recogen acciones en el ámbito de la comunicación: premios, menciones y distinciones. Todas para conseguir el fin de la ley andaluza.
Entre las acciones que ya se han llevado a cabo, destaca la intermediación e inclusión llevada a cabo por el Servicio Andaluz de Empleo, así como las acciones de sensibilización y capacitación a sus profesionales, en el ámbito laboral. Por su parte, en el educativo sobresalen los protocolos para combatir la discriminación: entre los cursos 2020/21 y 2021/22 se realizaron 38 actuaciones formativas en diversas provincias y modalidades y el manual de actuación para profesionales frente al bullying LGTBI.
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En el ámbito de la atención social, las Unidades de Atención a Personas Transexuales (UAPT) contabilizaron entre 2021 y 2022 cerca de 12.000 citas para personas trans, mientras que en el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA) ha considerado a las personas LGTBI como un sector de la población de víctimas especialmente vulnerables independientemente de la tipología delictiva por la que acudan al servicio.
Estas no son las únicas acciones tomadas desde la Junta de Andalucía. Existe un protocolo para la inserción de personas LGTBI en los Centros de Servicios Sociales y otro para la prevención de la LGTBIfobia, además del avance en la elaboración de la primera Estrategia para la Igualdad de Trato y No Discriminación de Personas LGTBI y sus Familiares en Andalucía. Este informe recuerda también la celebración en estos dos años del Congreso Internacional LGTBI de Andalucía con más de 800 participantes, el primero online por la pandemia y el correspondiente a 2022, que tuvo lugar en Málaga.
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El informe no olvida a los jóvenes, a quienes se han dedicado actividades concretas, como las séptimas Jornadas Trans de Andalucía 'Transformando Vidas', celebradas en 2022, con el objetivo de promover entre la juventud de Andalucía valores democráticos de solidaridad, inclusión y una cultura de respeto a la identidad sexual y las realidades trans.
Las personas mayores también han tenido sus propias actuaciones: como el protocolo en los recursos de atención, al tiempo que destacan las acciones en Centros de Menores Infractores y las llevadas a cabo por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Asimismo, el estudio remarca la propuesta de adaptación de los documentos administrativos a la diversidad sexo genérica y la personación de la Junta de Andalucía en los procedimientos judiciales por delitos de odio.
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En el apartado de las recomendaciones para el desarrollo de mejores prácticas relacionadas con el objeto y finalidad de la Ley 2/2014, el informe apunta a la necesidad de aumentar la formación de los profesionales sanitarios en materia trans; incrementar la empleabilidad de las personas trans, en especial, de las mujeres trans. En esta línea, también apuesta por diseñar actuaciones dirigidas a otros participantes del entorno educativo, como las familias, e impulsar el trabajo de las organizaciones y asociaciones.
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