Diez años de derechos trans en Andalucía: así se forjó una ley elaborada conjuntamente por PSOE, PP e IU

«Era la primera vez que una norma jurídica despatologizaba las identidades trans y reconocía la autodeterminación de género», relata Mar Cambrollé, activista, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía- Sylvia Rivera (ATA) e impulsora de la norma. Estos principios aseguran que ninguna persona pueda ser obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico para tratar o determinar su identidad de género.

La Ley Trans de Andalucía marcó el camino de la legislación en el resto de España, donde 15 de las 17 comunidades autónomas cuentan con normas en este sentido. La región se adelantó a instituciones como el Consejo de Europa, que instó a los estados miembros a acabar con la discriminación de las personas trans en 2015 y a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que hasta 2018 no dijo que las personas trans no son enfermas mentales. «Nosotros fuimos vanguardia y visionarios, las instituciones empezaron a introducir lo que nosotros ya habíamos hecho en Andalucía», señala la activista.

No obstante, Cambrollé apunta que existen «amenazas» que se deberían recoger para garantizar los derechos de las personas trans. «Las intervenciones quirúrgicas tienen que pasar a prioridad dos», comunica. En la actualidad se encuentran en prioridad tres. Un cambio que supondría que dichas operaciones pasarían a estar acotadas en el tiempo. «Es un poco lamentable que las chicas que se quieren hacer una vaginoplastia tengan que esperar alrededor de siete años», añade Camacho. La presidenta de ATA hace hincapié en que estas listas de espera «prolongan un grave sufrimiento para muchas personas». «Las necesidades quirúrgicas de las personas trans no son estéticas ni cosméticas: son salud», asevera. La activista es conocedora de casos en los que las familias se embarcan en créditos para poder operarse por lo privado. «Negar la salud a un ciudadano es expulsarle de un derecho fundamental».

Otra necesidad de las personas trans en Andalucía tiene que ver con los protocolos de atención, comunes para todo el colectivo. «Los protocolos no pueden ser estandarizados y no respetar los tránsitos y procesos indivuales», afirma Cambrollé.

Camacho también coincide con este punto e incluso indica que podría ser una manera de ahorrar gasto público:«Si una persona no quiere ese tratamiento hormonal, ¿por qué hay que dárselo?».

La Ley Trans de Andalucía fue aprobada por unanimidad. Los tres partidos que en ese momento formaban el Parlamento andaluz -PSOE, PP e IU-, contaron con Soledad Pérez, Esperanza Oña y Alba Doblas como las diputadas andaluzas que encabezaron esta elaboración conjunta de la norma.

«Me sentí muy honrada de poder llegar a un acuerdo con fuerzas políticas con las que estamos alejados ideológicamente», afirma Oña, del Partido Popular, la única de las tres ponentes de la ley que sigue como diputada. «Nosotros conseguimos que se aumentara la carta de servicio del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que el Partido Popular a nivel nacional no presentara un recurso», reconoce la malagueña, aunque siempre teniendo en cuenta las aportaciones del resto de grupos.

Oña también tiene en cuenta el trabajo de Cambrollé: «Le pedí información y me dio en abundancia, me ayudó mucho a situarme y tener perspectiva». La malagueña reconoce que todos dejaron atrás sus «justificaciones ideológicas, personales y de partidos» para garantizar los derechos de las personas trans de Andalucía.

Por su parte, Soledad Pérez, del PSOE, reconoce que fue «una tarea complicada» porque no había ninguna norma a nivel estatal ni internacional en la que poder fijarse. En ese momento sólo existían dos regulaciones: en Navarra y País Vasco, pero no lograban esta despatologización. «Lo que teníamos claro es que queríamos despatologizar la transexualidad», aclara. Pérez asegura que pusieron el foco en dos problemas: el reconocimiento del nombre de los niños en los centros educativos y que las personas trans tuvieran una cartera de derechos y servicios en el ámbito de la salud.

Doblas, de IU, pone en valor la participación que tuvo la ley por parte de asociaciones y expertos que ayudaron a tejer esta norma pionera.

Las tres ponentes reconocen el trabajo de sus compañeras a pesar de pertenecer a grupos políticos diferentes. «Esperanza Oña no nos puso ningún problema más allá de pequeños matices», reconoce Pérez, quien se atreve a hablar por las tres al decir que fue una etapa de «profundo conocimiento de esta realidad».

Esta tarde el Parlamento andaluz acogerá un acto, organizado por ATA y presentado por el periodista de SUR Iván Gelibter, para celebrar los diez de la Ley Trans de Andalucía, con la presencia de representantes políticos y sociales. «Los derechos de las personas trans en España y Europa se escriben con acento andaluz», concluye Cambrollé, quien cerrará dicho acto.

España cuenta con una Ley Trans que no patologiza a estas personas desde 2023. Sin embargo, esta norma incluye a todo el colectivo LGTBI. Su nombre completo es 'Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI'. Esta es la primera diferencia con Andalucía. La comunidad autónoma cuenta con una regulación específica para la comunidad trans. Una regulación que se aprobó en 2014, por lo que se convirtió en pionera en Europa y España, que incluyó necesidades de este colectivo que ya contemplaba la región nueve años antes.

Otra diferencia es la unanimidad. En Andalucía, los tres partidos presentes en el Parlamento en ese momento -PSOE, PP e IU- elaboraron la norma de manera conjunta, mientras que en España se aprobó con 191 votos a favor, 60 en contra y 91 abstenciones, así como un debate interno entre Unidas Podemos y PSOE, que culminó con la salida de varias socialistas: Carmen Calvo, representante del sector del feminismo transexcluyente y también de Carla Antonelli, una de las representantes trans más antiguas dentro del partido.

Uno de los principales cambios que trajo la Ley Trans estatal fue el reconocimiento de la autodeterminación de género. Una mejora para toda la población trans en España mayor de 16 años. Sin embargo, en Andalucía ya se reconocía. La región fue el espejo en el que mirarse del resto de España.

Además, la Ley Trans de Andalucía cuenta con un informe bienal para analizar las líneas de trabajao a seguir para garantizar la libertad de las personas trans. Un seguimiento que no existe en el caso de la norma estatal. En el último informe, aprobado en enero de este año, se aboga por «el avance en la integración y el pleno disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas LGTBI, así como en la prevención y eliminación de los episodios de LGTBIfobia».

En el ámbito de la salud. competencia de las autonomías. Andalucía cuenta con protocolos propios para el correcto trato de las personas trans, mientras que la ley estatal opta por la creación de estos protocolos y una formación continua. La comunidad autónoma también garantiza el trato con el nombre social en el SAS y la derivación a los especialistas correspondientes para la adecuada atención del colectivo.

En cuanto a lo que concierne a la educación, la norma española asegura que las personas trans tienen derecho a que se les llame por su nombre tras en cambio en el Registro Civil. Sin embargo, la ley andaluza garantiza que el alumnado trans pueda ser llamado por su nombre elegido antes de que se haga oficial en el Registro Civil, además cuenta con protocolos propios para que las personas trans puedan usar el uniforme acorde al género elegido o entrar a los baños correspondientes.

Las ponentes de la Ley Trans de Andalucía confían en que en un futuro se pueda conseguir una norma jurídica en la que todos los partidos colaboren, como ya pasó en este territorio hace diez años. «Sería extraordinario que todos los partidos llegaran a un acuerdo, pero todos tendrían que ceder y aportar», asegura Esperanza Oña, elegida por el PP para elaborar la norma andaluza. Soledad Pérez, la cara visibile del PSOE en este sentido, considera que hay que escuchar a todos los ámbitos para poder conseguir una ley duradera. «Los debates actuales no están basados en la ciencia, lo que nosotros hicimos sí», reconoce, además lamenta que haya administraciones públicas que hayan elegido «ser el problema en vez de la solución». Por parte de IU, Alba Doblas opina que «no es impensable un consenso en torno a una ley trans». «El consenso entre partidos democráticos siempre es posible», asegura la andaluza.