El Obispado interviene la Hermandad del Rescate y nombra como comisario a Pedro Ramírez

Así lo ha comunicado la propia Cofradía del Rescate esta mañana en un comunicado dirigido a los hermanos por el hasta ahora hermano mayor, Joaquín González. Un texto donde se explica que la decisión del Obispado viene motivada una vez que han dimitido varios miembros de la junta de gobierno «todos ellos candidatos y allegados a la candidatura de Antonio José Sastre», quien ganó las elecciones del pasado 2 de noviembre, que fueron recurridas.

«Lamentar que siendo plenamente conscientes de la consecuencia que suponía dimitir de sus cargos, han seguido adelante, por lo que la hermandad ha sido intervenida», se recoge en el comunicado, donde González agradece «el cariño» recibido en estos nueve años al frente de la hermandad y afirma que le «entristece profundamente realizar este comunicado» y confía en que «pronto puedan llevarse a cabo unas elecciones limpias y sin motivos de disputa».

En el texto, se explica que la hermandad victoriana está pasando momentos «complicados» tras las elecciones del 2 de noviembre «y las múltiples irregularidades por las que se llevó a cabo su anulación por parte del Obispado. »Tras un tedioso recorrido y el inicio de un nuevo proceso electoral, en el siguiente cabildo general de hermanos, un grupo de los presentes solicitaron realizar una auditoría informática y otra contable, siendo aprobadas posteriormente en junta de gobierno por mayoría y absteniéndose del voto algunos miembros de la misma. Las auditorías están en proceso y me siento en la obligación de llegar hasta el final con el objetivo de esclarecer cualquier suspicacia que pudiera poner en duda la integridad de la junta de gobierno, demostrándose así cualquier irregularidad o no, que pudiera haberse cometido«, añade el comunicado del exhermano mayor.

A este respecto, Antonio Sastre, que ganó las elecciones que fueron posteriormente anuladas, se ha puesto en contacto con este periódico a raíz de la publicación del comunicado para, por un lado, denunciar que el exhermano mayor haya hecho uso de las redes oficiales de la cofradía cuando ya no está al frente de la hermandad. Una afirmación que ha sido matizada por Joaquín González, quien ha explicado que hasta esta misma mañana, cuando se ha enviado el comunicado, no había firmado el decreto de intervención por lo que seguía siendo el hermano mayor.

Sastre también ha expuesto que las 24 personas que han dimitido (18 de junta de gobierno, entre ellas el secretario, el tesorero, el fiscal y el albacea general; tres consejeros y tres camareras) lo han hecho después de varios meses «sufriendo vejaciones y humillaciones» y ha explicado que en la votación no se opusieron a la elaboración de una auditoría y que sólo se abstuvieron en la votación sobre el presupuesto de la misma.

La Cofradía del Rescate celebró elecciones el 2 de noviembre del año pasado con dos candidatos: Antonio Sastre, que obtuvo 229 votos, y Luis Bustos, que logró 207 apoyos. Tras aquellos comicios se sucedieron varias impugnaciones y decisiones por parte del Obispado.

Así, el Obispado recibió dos impugnaciones: una de Luis Bustos y otra de Antonio Martínez Fernández, que iba en la lista de Bustos como candidato a segundo teniente hermano mayor. De estos recursos, la diócesis aceptó la apelación relativa a que en las papeletas que se ofrecieron a los hermanos para las votaciones existían errores. En concreto, en la papeleta de Luis Bustos, su nombre aparecía como candidato a hermano mayor y también a primer teniente hermano mayor, y Fernando Álvarez Hurtado figuraba como candidato a segundo teniente en vez de Antonio Martínez, que no aparecía en la papeleta.

Así, a mediados de noviembre, la diócesis resolvió que esa votación no era válida y que se tenía que repetir. No obstante, dio un plazo para presentar alegaciones tras el que, después de recabar un recurso de la candidatura ganadora, el Obispado dio marcha atrás en su decisión inicial de que se volviera a celebrar el cabildo y consideró que daba por buena la votación celebrada que dio la victoria a Antonio Sastre.

Sin embargo, esa segunda resolución de la Iglesia también daba la opción a recurso, y de esa posibilidad hizo uso la candidatura de Luis Bustos, que puso en conocimiento de la diócesis la presencia de dos personas divorciadas en la candidatura de Sastre, lo que dio lugar a un tercer acuerdo del Obispado el pasado mes de enero que consistió en suspender el decreto del 22 de diciembre en el que daba por buenas las votaciones del 2 de noviembre. En ese acuerdo, la diócesis estableció que «la Iglesia no puede aceptar como miembro de una candidatura a personas divorciadas que han vuelto a contraer matrimonio civil con otra persona».

De la vía eclesial, el asunto pasó a los tribunales. Como adelantó SUR, el juez remitió a la Fiscalía para que investigase la denuncia presentada por un grupo de hermanos contra otros integrantes de la cofradía por la supuesta comisión de delitos a raíz del proceso electoral que se abrió en 2022. La judialización del asunto llevó al Obispado a suspender las nuevas elecciones previstas para el 4 de julio y ahora nombra a un comisario con el encargo de intentar reconducir la compleja situación por la que está atravesando la corporación de la calle Agua, que el próximo año cumplirá el centenario de su reorganización.

Según publicó este periódico hace unos días, la Fiscalía está investigando la denuncia presentada por un grupo de hermanos (entre los que se encuentran afines a la candidatura de Luis Bustos) contra miembros de la candidatura que cosechó más votos (encabezada por Antonio Sastre) y contra el presidente de la comisión electoral de aquella convocatoria, el ex presidente de la Agrupación de Cofradías, Clemente Solo de Zaldívar, quien también ha sido denunciado ante los tribunales civiles por la propia cofradía.

Según apuntaron fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se trata de una denuncia por presunta estafa ante la que el juez optó por remitir el asunto a la Fiscalía para que estudie si lo que se ha puesto sobre la mesa por parte de un grupo de cofrades del Rescate podría ser constitutivo de delitos tipificados en el Código Penal. No obstante, según fuentes cercanas a la cofradía, la denuncia hace alusión a cuestiones relativas a la protección de los datos de los hermanos, y podrían haberse apuntado supuestos delitos de coacciones y apropiación indebida.