Impugnan por segunda vez las elecciones de la Cofradía de la Humillación de Málaga

La impugnación, que fue entregada a la Comisión Electoral el pasado miércoles 25 de enero para su posterior presentación en el Obispado, que se ha producido en la mañana de este lunes, según han asegurado las fuentes consultadas, se fundamenta en dos motivos. El primero de ellos es que, atendiendo al artículo 34.2 del Decreto sobre Grupos Parroquiales, Hermandades y Cofradías por el que se rige esta corporación al no tener actualizados los estatutos, el cabildo de elecciones fue convocado «fuera de plazo», subrayan las mismas fuentes, toda vez que este capítulo especifica que el desarrollo del proceso electoral «se llevará a cabo siempre finalizada la Semana Santa». Así, las elecciones, según esta cláusula, deben convocarse «entre la quinta semana de Pascua y la Solemnidad del Corpus Christi», dice el referido artículo. En este sentido, y como apuntan los cofrades consultados por SUR, al tratarse de una nueva convocatoria de elecciones, el equipo de Ricardo de las Peñas entiende que las elecciones del 20 de enero «deberían de atenerse a lo dispuesto en el artículo 34.2 y, por lo tanto, se tenían que haber convocado entre la quinta semana de Pascua y la solemnidad del Corpus Christi», ya que el Obispado, por mediación de un decreto del vicario general de la diócesis, Antonio Coronado, suspendió las convocadas para el pasado 12 de julio por impugnación, en aquel caso, de la candidatura de Rafael Retana, objetando que algún miembro de la lista de De las Peñas no tenía iniciado el curso de formación al que obligan las normas diocesanas.

En consecuencia, este grupo de cofrades de la Humillación exige que sean igualmente anulados los comicios por este motivo, justificando que las elecciones convocadas en julio, y a tenor de sus posterior suspensión, «no guardan relación alguna» con las celebradas el viernes 20 de enero, ya que no solo se constata por la nueva convocatoria que autorizó la diócesis, «sino que se puede fácilmente acreditar, tanto por la documentación solicitada como por la presentada por las candidaturas, así como por la presentación de una candidatura distinta a la que se presentaron en julio de 2022, toda vez que han sido aprobadas por la autoridad eclesiástica», apuntan las fuentes.

El segundo motivo argumentado tiene que ver con unas presuntas «irregularidades», precisan, detectadas en el cabildo. Así, la candidatura de Ricardo de las Peñas denuncia que el censo de hermanos «no fue aprobado y diligenciado por el secretario de la Comisión Electoral con el visto bueno del presidente», explican. «El censo no fue facilitado por el secretario, sino por una persona de la empresa que gestiona el programa informático y que, luego, lo transforma en listado el tesorero y es quien lo entrega a la Comisión Electoral», argumentan las fuentes. Por tanto, en el censo de hermanos «se comete una irregularidad al no estar firmado ni diligenciado por el secretario de la comisión», tal y como se indica en el artículo 37 del referido decreto.

Asimismo, la candidatura de De las Peñas revela que media hora antes de la apertura del cabildo, se le entregó al vocal de su candidatura «tres censos distintos y después de unas explicaciones por parte del tesorero, se manda a la mesa un censo único en dos copias, una para la secretaria y otra para el fiscal. Resulta que al final de la votación no coinciden los dos listados entre ellos en algunos hermanos procediéndose a adjuntarlos escritos a bolígrafo», advierten.

Por otro lado, este grupo de cofrades de la Humillación deja claro que durante la votación «se dieron casos de hermanos con todos los requisitos que, al llegar a votar, no constaban en los listados que había en la mesa y sí están en el programa del ordenador». Es por ello que, los hermanos que firman la impugnación «solicitan y exigen», con el fin de que exista la máxima transparencia, «que se realice una auditoría del censo electoral, así como de todos los hermanos que votaron. En particular, solicitamos que se comprueben los hermanos que se han dado de alta desde el año 2020 y que han adquirido la antigüedad de dos años en el 2023, se comprueben su solicitud a la junta de gobierno con la documentación que hayan entregado como partida de bautismo y su aprobación por la junta de gobierno, según se expone en el artículo 18 del decreto. Y puesto que existen seria dudas sobre la legalidad del censo aportado, solicitamos también la correspondiente información bancaria de los ingresos de las cuotas de los hermanos dados de alta en los años ya especificados», concluye el grupo de cofrades de la corporación del Martes Santo.