MATEO BALÍN
Martes, 8 de abril 2014, 16:08
Ni palabra. El exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo se ha negado hoy a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que tenía previsto preguntarle sobre un informe de la Agencia Tributaria que concluye que recibió 488.000 euros de la trama Gürtel en comisiones y que defraudó a Hacienda casi 1,9 millones.
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Ruz citó al exconsejero para que diera explicaciones sobre este documento, así como sobre la información enviada por las autoridades de Suiza acerca de declaraciones de testigos e imputados que mencionaron su participación en los hechos, entre ellos el extesorero Luis Bárcenas el pasado 15 de julio en sede judicial.
El informe tributario asegura que López Viejo recibió de la trama Gürtel 488.054 euros en 2004, 2005, 2006 y 2007 por "su mediación para la obtención de contratos" en la Comunidad de Madrid y defraudó a Hacienda 1.925.716 euros en 2002, 2003, 2006 y 2008.
Destaca que se ha "comprobado" que en 2002, 2003 y 2008 el patrimonio del imputado se incrementó de forma considerable, alejado de los fondos que percibía como empleado público y diputado de la Asamblea de Madrid.
Ganancias
Según los investigadores, el exconsejero obtuvo del Grupo FCS (siglas que corresponden al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa Sánchez) "al menos" 106.000 euros en 2004, 115.000 euros en 2005, 196.866 euros en 2006 y 70.188 en 2007 por conseguir para la trama "contratos y otras resoluciones administrativas favorables a sus intereses".
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Según el documento, defraudó asimismo en su declaración del IRPF cuotas superiores a 120.000 euros (el mínimo para que se considere delito fiscal), en concreto 1.108.838 euros en 2002, 181.693 en 2003, 129.758 en 2006 y 505.427 en 2008.
En cuanto al aumento patrimonial detectado por Hacienda, lo cuantifica en 2.309.179 euros en 2002, 399.638 en 2003 y 1.169.492 euros en 2008, cantidades, insiste, que "no se han podido generar mediante el ahorro de su renta declarada". Este incremento de fondos lo obtuvo a cambio de mediar en adjudicaciones, que se hacían mediante contratos menores para evitar el concurso público, según la Policía.
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