Tras un año y medio de pandemia, la normalidad se ha convertido en el gran objetivo. Al menos para la mayoría, porque siempre hay grupúsculos que prefieren vivir en la comodidad de su aislamiento, donde no hace falta negociar con nadie más que uno mismo. ... Pero somos muchos más quienes queremos reencontrarnos con los abrazos, los besos, los apretones de manos, los eventos y saraos y, sobre todo, con las sonrisas que llevan veinte meses ocultas detrás de las mascarillas. España ya ha reducido su incidencia por debajo de los cincuenta casos por cada cien mil habitantes y eso nos anima a pensar que el comienzo de una nueva vida está más cerca, aunque venga amenazada por la crisis energética, la inflación, el alto endeudamiento y los extraordinarios problemas de logística y transporte para muchas empresas, cuestiones por resolver que aventuran un horizonte lleno de nubarrones y de consecuencias imprevisibles. Pero los deseos de salir, viajar y moverse, esa celebración de la vida que está permitiendo la recuperación turística en la Costa del Sol, demuestra que ahora nos preocupa, por encima de cualquier otra cosa, recuperar la rutina perdida.
En este proceso, sin embargo, se producen situaciones llamativas, y a menudo injustas, que merecen ser analizadas y que afectan sobre todo al empleo público. Tiene difícil explicación la resistencia que encuentra la Universidad de Málaga para volver a la presencialidad, la misma que el resto de la enseñanza, desde Infantil hasta Formación Profesional, aplica desde hace meses en una muestra de buena organización por parte de profesionales y familias. El empeño de algunos profesores universitarios por mantener la enseñanza telemática, despojando al alumno de todo lo que se aprende más allá de la pantalla, resulta incomprensible. Incluso hay quienes, aferrados a su negacionismo sobre las vacunas, pretenden seguir en casa hasta no se sabe cuándo. Aunque sean excepciones, evidencian los puntos de artrosis de la comunidad universitaria.
Algo parecido ocurre con la sanidad pública. Hay profesionales que, atrincherados en las consultas telefónicas, se oponen a la vuelta de la presencialidad en la atención primaria. También se conocen casos de esta resistencia en el funcionariado de todas las administraciones, con ejemplos de ordenadores que ni siquiera han llegado a encenderse durante meses. Habría que añadir las extraordinarias dificultades que han surgido en la relación entre la administración y los contribuyentes, reducidas al entorno digital y acentuando, sobre todo en el caso de las personas mayores, el maltrato tecnológico del que escribe hoy Javier Recio.
Parece necesario llamar la atención sobre el riesgo de que parte de la administración pública se estanque en el teletrabajo, un sistema cuyos evidentes beneficios, por ejemplo en materia de conciliación, no pueden alcanzarse en perjuicio de todos. Faltan medios y planificación. Los empleados públicos han dado muestras, algunas heroicas, de su dedicación. Por eso hay que ser intransigentes con aquellos casos que pueden emborronar o perjudicar la percepción que los ciudadanos tienen de su desempeño. De la misma forma hay que recordar, aunque pueda doler, que este colectivo ha mantenido su nivel salarial durante toda la pandemia, con sus puestos de trabajo atornillados lejos de los ERTE y ERE que han herido y siguen amenazando al sector privado y a millones de sus trabajadores.
Ahora toca apelar tanto a la responsabilidad como a la transparencia personal y colectiva para impedir que tengamos una vuelta a la 'anormalidad' en el sector público. Estamos ante la oportunidad de quedarnos con lo mejor de esta experiencia y aplicar el teletrabajo en beneficio del servicio público, de la atención al ciudadano y de la conciliación del empleado, pero sin ocasionar un empeoramiento de los servicios esenciales, porque eso significaría un deterioro del Estado del Bienestar.
El coronavirus ha dejado lecciones que no debemos olvidar. El confinamiento obligó a quedarse en casa a todo el país y aceleró procesos de digitalización y uso de nuevas tecnologías que, de otra manera, habrían tardado años en asentarse. Es hora de utilizar toda esa experiencia para mejorar los servicios públicos y la vida de los demás, no para empeorarla ni obstaculizarla. La pandemia ha originado brechas entre la administración y un amplio sector de la población. No podemos abandonar a nuestros mayores, con menos habilidades digitales pero el mismo derecho a acceder a cualquier servicio, en esta suerte de deriva telemática, como tampoco podemos privar a los alumnos de la Universidad pública de la socialización y el aprendizaje de pasillo. Eso supondría, además de una discriminación, un grave paso atrás.
Quizá sólo hace falta hablar claro y que, como siempre ocurre en este país, la vuelta a la normalidad no se utilice de forma partidista para atacar al oponente, olvidando que el verdadero objetivo consiste en atender al ciudadano, el mismo que con sus impuestos paga esos servicios.
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