Veto a los pisos turísticos

Los alojamientos de este tipo irrumpieron hace años con gran éxito al ofrecer a los viajeros opciones más económicas y flexibles que los hoteles y, a los propietarios, la posibilidad de obtener una rentabilidad superior a la de los alquileres tradicionales. Su espectacular desarrollo ha inflado los precios de venta de la vivienda, reducido drásticamente la oferta de arrendamiento residencial, lo ha encarecido hasta niveles inalcanzables para amplias capas sociales y expulsado a población local de los centros de las ciudades, convertidos en algunos casos en un simulacro de parques turísticos con unos servicios más amoldados a esa situación que a las necesidades de los vecinos que resisten en ellos.

Las sucesivas regulaciones en la materia se han revelado hasta ahora insuficientes, además de tardías, para impedir que este modelo de negocio agrave el problema estructural que dificulta el acceso a la vivienda. De ahí que exista una extendida tendencia a elevar las restricciones a esta actividad, cuyo desmesurado crecimiento en algunas capitales es difícilmente reversible y no solo se traduce en una masificación con nocivas consecuencias, sino en serias dificultades para atraer a profesionales y jóvenes que desean vivir en ellas. Las iniciativas en ese sentido que adopten las administraciones –el Gobierno central y la Comisión Europea trabajan en nuevas regulaciones– han de respetar las normas de la libertad de mercado y tener una visión de conjunto que no olvide los riesgos que implica un 'boom' desmedido del turismo ni desprecie la creación de riqueza que aporta. No se trata de demonizar al sector, sino de hacer compatibles un puntal con un fuerte peso en la economía y el desarrollo sostenible de las ciudades.