La vergonzosa e indigna explotación de las personas

En la letra pequeña de esa historia no debemos olvidar que estos avances, admirados por todos, se levantaron sobre el sufrimiento de millones de esclavos y trabajadores forzados, especialmente sus símbolos más emblemáticos: las pirámides, las calzadas, las catedrales, los acueductos o las mezquitas.

Mas cerca de nuestros días, es necesario constatar cómo las políticas coloniales de las grandes potencias europeas de los siglos XVIII y XIX también se cimentaron en la explotación esclavista: Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, etc.

Especialmente sangrante para la historia de la humanidad ha sido el mantenimiento de la esclavitud en las puertas del siglo XX, con Estados Unidos y las repúblicas caribeñas a la cabeza. La revolución francesa de 1789 puso la primera piedra en la igualdad de las personas. Medio siglo después Cruz Roja fue la artífice del derecho internacional humanitario recogido en el convenio de Ginebra de 1864 y subsiguientes, y las Naciones Unidas lo fueron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Pero esta progresiva humanización de las sociedades contemporáneas se está viendo quebrada, de forma cada vez más drástica, en esta segunda década del siglo XXI.

Asistimos, entre perplejos y avergonzados, a un incremento de la explotación de las personas atrapadas no sólo en los inhumanos sistemas mafiosos de trabajos ilegales, sino incluso dentro de los marcos legales laborales que deberían servir de protección de los ciudadanos.

Son muchos miles, más de lo que trasciende a la opinión pública, las personas que, por su condición de irregularidad administrativa en nuestro país, se ven obligados a aceptar trabajos sin contrato. O trabajadores humildes que realizan jornadas laborales interminables, en base a contrataciones parciales o temporales.

Los trabajos del hogar, los cuidadores de personas mayores o las labores agrícolas temporales son tristes ejemplos de la moderna explotación de las personas. Pero tampoco se quedan atrás sectores que cuentan con un importante dinamismo económico, como es la hostelería, el reparto domiciliario, la restauración, las labores de limpieza o el mantenimiento industrial.

En los años setenta del pasado siglo, se generalizó por parte de la industria textil nacional la distribución de máquinas tricotosas, que permitían a las mujeres de las familias de clase media trabajar en casa para las grandes empresas del sector. Decenas de miles de mujeres de los pueblos de la España rural se sumaron al proyecto, que en pocos años se convirtió en una auténtica explotación laboral encubierta. Sesenta años después, 50 millones de personas siguen siendo víctimas de la explotación de la industria textil, más de un diez por ciento menores de edad, ubicada ahora en países del tercer mundo o en vías de desarrollo, de cuyo trabajo nos aprovechamos todos.

En el caso de la agricultura, constatar que los grandes avances tecnológicos introducidos hace bastantes décadas, eliminaron los penosos trabajos de aprovechamiento de la tierra y la recolección de frutos. No obstante, en este 2025, de forma recurrente recibimos información de explotación laboral de personas en los campos de toda la geografía nacional. En este caso, se trata habitualmente de migrantes o personas en situación de pobreza extrema, que malviven en cortijos destartalados tras inacabables jornadas laborales.

Las industrias manufactureras, la construcción, el sector de la automoción, y un largo etcétera, no se quedan al margen de estas deleznables prácticas de explotación de trabajadores por salarios ínfimos, sin los descansos adecuados, ni la higiene necesaria, manejando equipos y maquinaria de alto riesgo.

El teletrabajo, que alarga de forma interminable las jornadas laborales; los nuevos modelos de contratación laboral; los falsos autónomos; el generalizado reparto a domicilio, cuyos trabajadores se cuentan ya por decenas de miles, y un sinfín de nuevas situaciones laborales, están complicando aún más la situación.

La hostelería, especialmente importante en nuestra provincia, se encuentra entre los sectores productivos con remuneraciones más bajas. De hecho, se ha visto obligada a incrementar los salarios más bajos del convenio provincial para ajustarlos al Salario Mínimo Interprofesional.

A todo ello se suma el abuso que miles de profesionales y directivos sufren a través de la permanente atención que deben mantener de sus teléfonos móviles, correo electrónico o redes sociales, vulnerando el derecho a la desconexión digital cuyo marco legal se remonta, sin aplicar, al lejano 2018. No es de extrañar, por lo tanto, que la normativa reguladora del sistema de control horario implantado en España en 2019 siga siendo especialmente controvertida, por no decir que se incumpla abiertamente.

Cuando gracias a la tecnología y al desarrollo social, hemos podido construir a lo largo de la última centuria un aceptable estado de bienestar laboral, vemos cómo en estas primeras décadas del siglo XXI surgen nuevas maneras de explotación de las personas, de forma sutil con los trabajadores más cualificados, con burdas maneras con los trabajadores más necesitados, y como una forma delictiva de explotación de las personas más vulnerables. En un Estado de Derecho, es hora de dejar atrás definitivamente la vergonzosa e indigna explotación de las personas.