No hay excusa. Solo la dejadez de la Administración central; solo la desconsideración hacia el sector del que depende la mayor parte de la economía de la provincia malagueña; solo el desprecio o falta de respeto hacia los habitantes de las poblaciones costeras puede explicar esta desidia.
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Es lo mismo de cada año; es lo mismo de cada temporal. Una vez tras otra. Y cada vez con más frecuencia y más virulencia.
El desgaste del litoral, el retroceso del mismo, es palpable cada año. Una foto aérea de la costa malagueña tomada hace cincuenta años deja en evidencia que, en muchísimos lugares, no son las casas, las urbanizaciones, las calles, las carreteras, los paseos marítimos, la senda litoral, la que se ha acercado al mar, sino que es este el que se ha acercado a todo aquello.
No tiene sentido que estemos reaccionando frente al cambio climático con acciones que verán su resultado a largo plazo (disminución de CO2, la recuperación de la capa de ozono, la recuperación de la extensión de los casquetes polares, la normalización de la distribución de la pluviosidad y de las temporadas de huracanes, etc) y, sin embargo, no hagamos nada, absolutamente nada, para frenar la regresión del litoral. Que es algo evidente que sucede y que, con unas actuaciones urgentes, podríamos remediar a corto plazo.
La solución no es «echar hacia atrás» los paseos marítimos, las carreteras, las vías férreas que llevan un siglo en ese lugar e, incluso, ciudades enteras. Hacemos retroceder a Estepona quinientos metros atrás? A Marbella o Málaga? A Almería, Alicante, Valencia Palma de Mallorca o Barcelona? A Nantes, Marsella, Montecarlo o Mónaco? A Ceuta y Melilla?
Tampoco son los aportes de arena; estos son solo un despilfarro; una tomadura de pelo, sabedores todos que no es más que un placebo, cuyos efectos paliativos y cosméticos duran unas semana, a veces unos días y alguna vez hasta apenas unas horas.
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No hay más solución que ejecutar obras de defensa del litoral. Serán los técnicos especialistas quienes tengan que decidir qué y cómo; los que tendrán que determiar los movimientos de la dinámica del litoral; los que tendrán que decidir dónde actuar. Pero somos los responsables políticos de los ayuntamientos que más sufrimos las consecuencias quienes tenemos que exigir que esos estudios, esos proyectos y esas autorizaciones ambientales se produzcan ya. Cada mes que tardemos en actuar, más grave será la solución necesaria para remediar esta situación.
No tengo ninguna duda de que si la competencia sobre las costas fuera municipal –no hablo de su titularidad dominical que, por ley, está muy clara que es estatal- este problema estaría resuelto desde hace mucho tiempo en la Costa del Sol y en la provincia de Málaga. Los ayuntamientos asumiríamos ese coste. Mis vecinos entenderían -al igual que entendieron con nuestro Hospital- que vale la pena dedicar el presupuesto de inversión de un año a este asunto. En el caso de Estepona, bastaría ese importe, entre 10 y 15 millones de euros, para poner solución a este endémico y absurdo problema que amenaza continuamente a nuestro sector turístico y que empaña la pujanza de nuestro destino. Sería beneficioso para todos y con efectos muy duraderos.
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Donde se ha actuado, en los pocos sitios que se ha actuado hace décadas, hay resultados evidentes, como es el caso de nuestra céntrica playa de La Rada.
En la próxima junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) presentaré una moción en este sentido. Exigiré una respuesta rápida y urgente al Gobierno central que demuestre su voluntad política para poner solución a este problema y pediré que se realicen las modificaciones normativas necesarias para que los ayuntamientos que lo deseen puedan asumir las competencias sobre defensa del litoral. Aunque ni siquiera sería necesario si el Estado, como Administración competente, convenia con los municipios la ejecución de estas obras. Que nos den los proyectos y las correspondientes autorizaciones ambientales y buscaremos la financiación. Garantizo que en solo un año tendría regenerado el litoral de mi ciudad. Y habríamos resuelto el problema para muchas décadas.
No necesitaríamos más aportes de arena ni reparar más veces la tubería de saneamiento, los paseos marítimos, la senda litoral o tantos establecimientos de hostelería como se ven cada año dañados. Se acabaría con el despilfarro del Estado en periódicos y absurdos aportes de arena. Y se acabaría, también, con el daño ecológico que estos materiales artificiales generan.
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En definitiva, la cuestión no solo es de voluntarismo político. Lleva implícito el mal funcionamiento de la Administración, en este caso, de la del Estado, por no atender a la evitación de un daño evidente. Por tanto, es una cuestión de responsabilidad objetiva amparada por la Constitución española; responsabilidad que, adecuadamente articulada, puede y debe trasladarse, a mi entender, a los responsables políticos de esa Administración.
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