Ni siquiera la sequía es capaz de lograr consensos

Y no será porque desde la sociedad civil y desde los propios medios de comunicación –SUR, por ejemplo, lleva muchos años llamando la atención sobre los retrasos en estos proyectos– no han clamado en el desierto, nunca mejor dicho, alertando sobre los terribles efectos de afrontar una sequía sin las obras hidráulicas terminadas.

Pero lo más indignante es que, a pesar del peligro inminente, las diferentes administraciones son incapaces de aparcar sus diferencias y ponerse a trabajar de manera conjunta, algo que puede llegar a considerarse una irresponsabilidad con consecuencias devastadoras. Es verdad que la Junta de Andalucía ha intentado agilizar algunas obras en los últimos años, pero hay que asumir que se llega muy tarde y que ahora es imposible realizar los trabajos a tiempo.

Y resulta igualmente llamativa la dejación de funciones del Gobierno central –el actual y los precedentes– y la ausencia de una política común del agua. Ningún gobierno de la democracia ha querido o ha sabido desarrollar un proyecto común para la gestión del abastecimiento, quizá porque gestionar el agua es hacerlo a largo plazo y nuestros políticos tienen el virus del cortoplacismo y sólo quieren hacer cosas que tengan un rendimiento electoral rápido y eficaz. Un empresario de esta provincia le dijo un día a un relevante político malagueño que aquel que liderara la gestión del agua en Andalucía sería recordado por la historia, pero para ello es preciso pensar a muchos años vista y entrar en un avispero con resultados imprevisibles, porque aquí en España, y no sé si en otros países, se tiene una concepción patrimonial y territorial del agua. El agua es nuestra y no del vecino, piensan muchos. Y así nos va.

Si a todo esto unimos el complejo que España tiene con los pantanos, como una especie de ridículo estigma franquista, podemos concluir la extrema dificultad de solucionar este problema. Resulta evidente que cuando se toman decisiones sobre el agua es imposible contentar a todo el mundo, y por eso a los políticos les gusta tan poco asumir responsabilidades en este tema.

Pero Málaga no puede quedarse de brazos cruzados y debería reclamar algo tan esencial para su desarrollo y supervivencia. Y, de hecho, como publicó la semana pasada Francisco Jiménez en estas páginas, las obras pendientes en Málaga aportarían la mitad del agua que consume la provincia en un año. Porque uno de los grandes problemas es que tiramos al mar demasiada agua. Y la razón es precisamente la falta de obras hidráulicas y de presas con las que almacenarla.

La gran tubería de la Costa del Sol, para conectar el litoral occidental con la capital y la Axarquía; la ampliación del pantano de La Concepción, el azud de Río Grande, el embalse de Gibralmedina, el trasvase de Iznájar, la ampliación de la desaladora de Marbella y la construcción de nuevas en la Axarquía y en Fuengirola-Mijas, y las potabilizadoras de Río Verde y Pilones son estratégicas para el riego y el consumo, pero sobre todo para garantizar la actividad socioeconómica de la provincia.

Y en estos tiempos de campañas electorales estaría bien, aunque parece una aspiración inalcanzable, que los políticos de todos los partidos aparcaran por un momento el populismo electoral y se comprometieran de verdad a trabajar por algo tan importante como el agua. Menos promesas, menos frases grandilocuentes y más sensatez. Pero eso, visto lo visto, es pedir demasiado.