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La tesis gubernamental para justificar la reforma del delito de sedición es que en algunos países europeos actos similares se castigan con penas más leves. Pero más allá del ventajismo político que supone legislar en beneficio de un socio de gobierno, una especie de filibusterismo ... en sentido inverso, se podría interpretar como una especie de vuelta de tuerca a los indultos de los sediciosos condenados por el máximo tribunal. Sin olvidar que sería una invitación a repetir el desafío al Estado de 2017 y la fallida proclamación de la república catalana. «O tornarem a fer», han repetido los protagonistas. La ministra Pilar Llop sostiene que España debe homologar este delito a su regulación en otros países europeos ya que estima que las penas de nuestro Código Penal son desproporcionadas. El interrogante es si los hechos que juzgó la Sala Segunda del Supremo tienen o no algo que ver con aquellos con los que se quiere homologar de la legislación de otros países. Porque, en realidad, esas penas más leves en países como Alemania, Italia o Portugal se refieren a conductas de resistencia a la autoridad o manifestaciones ilegales o tumultuosas.
Algo similar a lo que aquí fue la concentración 'Rodea el Congreso' o el acoso a los miembros del Parlament de Cataluña en la época de Artur Mas que fueron golpeados, acosados y tuvieron que ser evacuados en helicóptero. Nada que ver con una convocatoria ilegal de un referéndum con urnas encubiertas, leyes de desconexión con la legalidad vigente y proclamación de una república independiente. Si actos similares de desafío al Estado federal se hubieran producido en Alemania, el Parlamento germano estaría ahora, a no dudar, preparando la reforma de su Código Penal, precisamente para endurecer las penas de un delito de traición, conjura y deslealtad a la nación.
Si de acuerdo con los pactos de investidura que le unen a ERC, Pedro Sánchez se arriesga a reformar el artículo 544 del Código Penal, rebajaría las penas tanto a los ya indultados como a los prófugos que siguen investigados. Y aminoraría sus penas de inhabilitación hasta el punto que podrían volver a presentarse a las próximas elecciones y se acercaría la vuelta a España de los fugados. Pero también afectaría a la autoridad y la reputación de la justicia española que juzgó y falló amparándose en la pertinencia entre el delito de alzamiento contra las leyes y su autoridad por los actores e inductores del procés. Y, en el plano político, Sánchez podría arriesgarse a un veredicto contrario de la opinión electoral interpretando su gesto como una actuación oportunista de quien cambiar las reglas de juego en mitad del partido.
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