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Doñana es uno de los humedales más importantes de Europa. Entre otros valores, su biodiversidad es clave en la migración de las aves, y además cuenta con unos paisajes y procesos naturales dignos de protección. Ha sido en las últimas décadas cuando Doñana ha sufrido ... fuertes impactos, que han provocado un difícil equilibrio entre la preservación de sus valores naturales y las actividades económicas desarrolladas en su entorno, en especial la agricultura intensiva y el turismo. No han faltado intentos de preservación, arrancando en 1969 con la creación del Parque Nacional de Doñana (con sucesivas ampliaciones de su superficie a lo largo de los años), y culminando en 2003 con el el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana, que ya contemplaba la necesidad del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana (aprobado por Decreto 178/2014, de 16 de diciembre). Pues bien, este tardío pero prometedor marco normativo, que permitiría una convivencia entre la naturaleza y la actividad humana en Doñana, puede ser dinamitado si sale adelante la Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, presentada hace unos días en el Parlamento de Andalucía por los Grupos Parlamentarios Popular y Vox. Y eso a pesar de que, como españoles, hemos tenido que pasar la vergüenza de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el pasado 24 de junio 2021, dictara Sentencia (asunto C-559/19 Comisión/España. Deterioro del Espacio Natural de Doñana), donde declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de determinados preceptos de la Directiva 2000/60/CE, de aguas, respecto a las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana; también reprocha el TJUE la ausencia de medidas para evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos.
La citada Proposición de Ley es un ejemplo académico de mala técnica normativa en lo formal, y de una manifiesta intencionalidad, en el fondo, para beneficiar a explotaciones agrícolas incumplidoras de la legalidad frente a los agricultores respetuosos con la misma. Llama la atención que, frente a la crítica justificada que se hace en otras instancias, aquí se usa la proposición de ley como un descarado expediente para eludir el conjunto de procedimientos e informes jurídicos, técnicos y sectoriales que conlleva los proyectos de ley (probablemente porque no contaban con una buena acogida del texto). Y una atenta lectura de la iniciativa, confirma que tanta extensión para resaltar «que las modificaciones puntuales que se plantean son conforme a derecho, además de ser de justicia, equidad y compatibles con el desarrollo sostenible», al final esconde una regresión sin precedentes para la legalización de regadíos irregulares. Así, se permite calificar nuevos suelos regables con aguas superficiales «preferentemente», salvo, y aquí viene el despropósito, «que la Administración hidráulica de la demarcación hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente», es decir, aguas subterráneas. Alto y claro: Salvemos Doñana.
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