RTVE, a la deriva

Aunque, de entrada, podrá afrontar la sucesión de los comicios autonómicos de abril en País Vasco, de mayo en Cataluña y las europeas de junio con la esperanza de que cada noticia ofrecida, cada informativo o cada programa de impacto no sean puestos en entredicho dentro de la casa. Poniendo a prueba la idoneidad profesional de Concepción Carbajosa para asumir interinamente el carácter ejecutivo de la presidencia asignada sobre una plantilla de 6.500 trabajadores y unas cuentas de explotación de más de 1.200 millones de euros. Téngase en cuenta que en el concurso público de 2018 Carbajosa ocupó el puesto 86 de las 95 personas admitidas por el comité de expertos para formar parte del consejo, tras obtener su proyecto de gestión una calificación de 2,35 puntos sobre 10.

Pero, al igual que ocurre con los demás medios de titularidad pública, RTVE se encuentra sobre todo ante la obligación de operar con «independencia, neutralidad y objetividad», como está legalmente establecido. De modo que los responsables de la Corporación han de velar porque ésta mantenga una absoluta autonomía respecto al gobierno de turno y a la mayoría que lo sostenga en cada caso. El desempeño legítimo de su función constitucional dependerá de ello. Sin que la naturalización de la influencia gubernamental sobre las decisiones de RTVE acabe vulnerando principios y normas, ni su dependencia de los Presupuestos Generales del Estado vicie el significado de servicio público. No hay nada peor para el papel que la Corporación pública debe cumplir respecto a las libertades y el progreso de los españoles que su crisis interna sitúe a los telespectadores y radioyentes en la tesitura de descubrir intenciones partidarias en cada producto emitido.