Robin Hood, pero a la inversa

En la acción de gobierno no todo vale, por mucho que los electores te hayan dado la confianza para regir los destinos del Estado, una comunidad autónoma o una entidad local. Es obvio que cada cual gobernará de conformidad a sus planteamientos ideológicos, y frente ... a los paladines de los tecnócratas en política, eso debe ser así por respeto a los que han otorgado la confianza en un programa político. Pero la señora Ayuso, a los exabruptos habituales contras sus opositores une la incoherencia y el desprecio por el derecho. Al grano. El próximo curso académico 2022-23 el gobierno madrileño destinará más de 75 millones de euros para financiar estudios posobligatorios en centros privados (Bachillerato, 43,5 millones; FP de Grado Superior, 30,5 millones, y FP Grado Medio, 2,4 millones). Conviene evitar confusiones, no hablamos de la enseñanza concertada en el marco de la LODE (con sometimiento a un completo régimen de requisitos en medios humanos y materiales y a controles en el acceso del alumnado). No, aquí se trata de dinero público (coloquialmente, 'cheques educativos') para estudios no obligatorios en centros privados, recursos que se detraen de los presupuestos que no financian de forma suficiente la oferta pública de FP en centros públicos (en Madrid, este curso 25.000 alumnos se quedaron fuera). A estas ayudas (entre 2.000 y 3.750 euros al año) podrán acceder familias con rentas muy por encima del salario medio (dependiendo del número de hijos, entre 107.739 y hasta 179.656 euros). Y esto pasa en Madrid, la región española con una mayor segregación escolar en Secundaria (como sostiene la 'Agenda 2030 en clave de infancia en la Comunidad de Madrid', de Unicef), aunque el Sr. Ossorio, portavoz del Gobierno madrileño, despreciando un informe de Cáritas sobre exclusión social, soltara aquello de «¿dónde están los pobres, que yo los vea?». Ayuso, hace poco, afirmaba en la Asamblea de Madrid que «no podemos regalarle a todo el mundo la educación porque no es sostenible». Ahora, sin despeinarse, apela a que, igual que se puede cambiar de sexo, se pueda optar a becas para el bachillerato con independencia de las rentas paternas. 'Sólidos' argumentos que, sin embargo, han olvidado que el límite de renta per cápita familiar debe fijarse en las bases, no en la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 17.3 b) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y 6.2.b) de la Ley 2/1995, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid (incumplimiento destacado por los servicios jurídicos de la Comunidad), y que la CE impone la equidad en el gasto público (art. 31.2), lo que el TC clarificó en la STC 86/1985 («no hay un deber de ayudar a todos y cada uno de los centros docentes, sólo por el hecho de serlo, pues la ley puede y debe condicionar tal ayuda, de conformidad con la Constitución, en la que se enuncia... la tarea que corresponde a los poderes públicos para promover las condiciones necesarias, a fin de que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas...» (FJ 3). Espero que los tribunales pongan coto a esta versión, 'a la madrileña', de Robin Hood (pero a la inversa).