El Rey y la investidura

Sobre la investidura del Presidente del Gobierno, el artículo 99.1 de la Constitución (CE) es lacónico: «El Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia ... del Gobierno». Esta previsión hay que completarla con la imperativa exposición de su programa político por el candidato que haya propuesto el Rey, para ser votado por el pleno del Congreso (art 92.2 de la CE). Ya están en escena los protagonistas de este proceso: los partidos políticos, a través de sus grupos parlamentarios, que tienen que negociar para conformar un apoyo suficiente a un candidato (que, por cierto, no tiene que ser diputado), y el Jefe del Estado, asistido por el Presidente del Congreso, quien por imperativo constitucional (art. 64 CE), debe refrendar la propuesta de un candidato para la investidura. Y estos actores deben cumplir su papel sin escaqueo alguno, lo que me lleva a entender como no ajustado a derecho (aunque sin sanción), el gesto de no acudir a las consultas regias cara a la investidura (en 2019, ya pasó con ERC, Bildu y BNG en 2019). Ser republicano es una opción más que legítima (así como promover una reforma constitucional en tal sentido), pero no exime de cumplir con la obligación constitucional de ilustrar al monarca sobre la posición de cada grupo político cara a la investidura. Si todos cumplen con su obligación y no se marcan faroles, el Rey podrá reunir la información suficiente para calcular el resultado más previsible de una votación de investidura, y en consecuencia, proponer desde la más exquisita neutralidad, al candidato que cuente con más posibilidades de resultar elegido.