Responsabilidad social corporativa

Además, con el dinero público (que es de todos), las entidades del sector público deben favorecer la incorporación de consideraciones sociales y medioambientales en la contratación pública (art 28 de la LCSP). Sin embargo, se puede hacer mucho más, sobre todo ante la escandalosa ausencia de una previsión que permita excluir a los licitadores que en sus negocios no hayan respetado los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, a pesar que Naciones Unidas contempla en sus Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, que los Estados deben adoptar medidas para que los contratistas del sector público respeten los derechos humanos (petición reiterada por el Parlamento Europeo en su Resolución de junio de 2016). Pues bien, meses antes de la aprobación de la LCSP, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en su 'Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos' incluía incorporar a nuestro derecho los citados Principios Rectores de la ONU, pero las Cortes hicieron caso omiso.

¿Todo por la pasta? Por fortuna, parece que la UE quiere profundizar en una RSC real y efectiva para las empresas europeas, y hace unos días, el Parlamento Europeo aprobó las enmiendas presentadas a la propuesta de Directiva de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, que recoge obligaciones a las empresas (que superen determinado número de trabajadores y volumen de negocios mundial), en relación con los efectos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente de sus propias actividades y filiales, así como de las entidades con las que dichas empresas mantengan una relación comercial establecida.

Como destinatarios de bienes y servicios (que lo somos todos, e incluso los que puedan y quieran, en su papel de potenciales inversores), tenemos la oportunidad de premiar a aquellas empresas que arrimen el hombro en estos momentos, no solo creando riqueza y pagando religiosamente los impuestos y los salarios (sus principales obligaciones), sino además, comprometiéndose con el empleo estable y digno de sus trabajadores, con los derechos humanos, y con un mundo más justo y sostenible.