Miércoles, 31 de julio 2024, 02:00
El contenido del preacuerdo, que formalmente fue anunciado el lunes como un pacto entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa, se hizo público ayer confirmando los términos avanzados por los republicanos. Aunque la consulta entre afiliados convocada para mañana por ERC ... y la reunión prevista por la dirección del PSC para el sábado se hayan convertido en la argucia empleada por el Gobierno de Sánchez para posponer las explicaciones a las que está obligado, en tanto que garante último de un compromiso que pivota en torno a un sistema de «concierto económico» y «cuota» para Cataluña. Compromiso que celebró el presidente tras verse con el Rey en Mallorca, avaló la ejecutiva del PSOE sin dar más razones y ante el que la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, se limitó a mostrar «la satisfacción» por un entendimiento que glorificaría el ejercicio del diálogo; olvidándose de que ese valor democrático no solo exige más transparencia y claridad de la que el Gobierno de los socialistas exhibe al defender los trueques en que se basa «la mayoría de progreso». El diálogo ejercido se limita a sumar escaños uno por uno hasta que resultan algo; como si la mitad más uno del arco parlamentario estuviera en condiciones de legitimidad y de solvencia política para ponerlo todo del revés si fuese necesario.
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Las evasivas del Gobierno y del PSOE ayer dan cuenta de la incomodidad con la que los propios socialistas catalanes afrontan la aventura de primar con concesiones a la vertiente más decaída del 'procés' -ERC-, a la espera de que la otra, la de Carles Puigdemont, se limite a sentirse vendida y desconcertada. Una política tan corta de miras que debería ser más consciente de a lo que juega. Y no juega al diálogo en busca del más amplio consenso sobre el futuro del Estado de las Autonomías, sino al requiebro ventajista que descoloque a los demás contendientes, incluidos determinados socios. Y dando siempre la sensación coactiva de que toda alianza o compromiso puede volverse prescindible de un día para otro. La renuencia del Gobierno Sánchez a secundar el preacuerdo con algo más que muestras de satisfacción lo dice todo sobre el alcance del empeño. Se trata de echar a rodar la pieza -como con la ley de amnistía- sin asumir responsabilidad alguna sobre las inercias de un «concierto económico solidario» que operan mucho antes de que pueda ser imaginable su entrada en vigor desde 2025.
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