Punto y aparte

Pedro Sánchez ha anunciado su intención de continuar en su cargo, después de que el miércoles de la pasada semana comunicara la suspensión de su agenda pública durante cinco días para reflexionar sobre si tenía que continuar. Es su decisión y su derecho, al igual ... que se puede pensar que la reflexión que plantea, muy importante, hubiera sido también posible sin este inédito periodo de incertidumbre (aunque solo a él y su familia corresponde gestionar sentimientos y emociones). Algunas de sus reflexiones son aplicables a toda persona, cargo público o no, y cualquiera que sea su planteamiento político: «No hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta».... «Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas», «Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte». Dice el presidente que su decisión implica un punto y aparte. Espero que sea así, pero para bien del Estado de Derecho. Creo que la mejor manera de servirlo es reforzar las instituciones del Estado para que cada una ejerza sus funciones sin injerencias, con la convicción de que unos controles políticos y administrativos eficaces deben prevenir irregularidades y los delitos que afectan a las administraciones públicas. Y la respuesta frente a denuncias y querellas temerarias para atacar a los oponentes políticos no debe pasar por una crítica generalizada a los jueces, sino al contrario, en dotar de medios humanos y materiales a esos controles previos o posteriores a la acción administrativa. Así los jueces podrán dedicar sus esfuerzos al ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, todo ello para garantizar nuestros derechos y libertades, siempre bajo el imperio de la Ley.

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Para lograr este cometido, la renovación del CGPJ es inaplazable. 5 años con el mandato vencido es una anomalía del sistema constitucional que no debe mantenerse bajo ninguna excusa. Estamos ya en mayo de 2024 y a este camino se puede alcanzar los 6 años sin que ambas cámaras, de forma contumaz, cumplan el mandato de renovación de los miembros del CGPJ que ponga fin al desolador panorama de, entre otras secuelas, un Tribunal Supremo al borde del colapso. La solución exige altura institucional, generosidad y cesiones por todos. En esta materia, núcleo del Estado de Derecho, el constituyente y el legislador han establecido mayorías cualificadas. Por eso el pacto debe pasar por unos vocales con CV incuestionable y que generen consenso, y que permita designar a personas con prestigio jurídico suficiente para que su legítima sensibilidad política o social no los convierta en brazos de madera de nadie.

Hay que desplazar este clima político crispado, donde la verdad está arrinconada como especie en vía de extinción, la mentira está cotizando al alza y en los debates existen demasiados gritos y disparates. España necesita cultivar una opinión pública inspirada en la formación, en la información veraz y en las convicciones, dirigida a la inteligencia y no a las tripas.

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