Secciones
Servicios
Destacamos
La universidad es un lugar para el saber, el debate, la convivencia, y la discrepancia desde el respeto. En la universidad se plantó cara a Franco y a sus esbirros, junto a la clase obrera en los tajos, y eran casi siempre obreros y estudiantes, ... los preferidos por los criminales de la brigada social para sus prácticas en el 'arte' de la tortura. La violencia entraba en las aulas de mano de la policía franquista y de los 'patriotas', que asaltaban en esos tiempos de plomo las facultades, dando porrazos a diestro y siniestro para dar un escarmiento a los 'rojos'. En una dictadura, sin libertades, boicotear un acto de un lacayo del régimen era un deber ético. En una democracia, tratar de impedir una conferencia, sea de la Sra. Olona o de quien sea, no está nunca justificado. La anterior aseveración no implica una postura nueva por mi parte, lo decía hace 10 años con la ocupación y «requisa» de alimentos en algunos supermercados, por el SAT o cuando las víctimas eran diputados y dirigentes del PP con los mal llamados 'escraches', y hace dos años ante el acoso sufrido por el Sr. Iglesias y su familia en la puerta de su domicilio por parte de algunos facciosos. Lo que resulta más preocupante es que la intensidad de la crítica a estas «acciones» dependa de la afinidad o discrepancia con los afectados, olvidando que al amparo de la Constitución, la protesta es legítima, pero nunca cuando impliquen amenazas, coacciones o acoso.
La protesta, en un Estado de Derecho, es por definición legítima, se tenga o no razón (algo siempre opinable, en base a la libertad de conciencia). Las hay con un fondo más que dudoso que han tenido éxito y apoyo popular, y al contrario, movilizaciones cargadas de justicia que nunca han conseguido el respaldo merecido. Nuestra Constitución reconoce y ampara el derecho a la protesta en sus variadas vertientes (derecho de reunión, libertad de expresión, huelga, derecho de petición) sin exigir una 'prueba' de las razones, el mero hecho de querer mostrar acuerdo o desacuerdo con algo es suficiente. Por esto, la libertad de protestar, como todos los derechos, está sometida a límites, y el más básico es el respeto a la ley y a los derechos de los demás. En ese difícil equilibrio es donde se mide la madurez democrática de un Pueblo, y el nuestro, el español, ha demostrado en muchas ocasiones que tiene esta cualidad. En síntesis, no es lo mismo la legítima muestra de apoyo o indignación ante lo que nos gusta o nos disgusta, que la coacción directa a las personas; lo primero merece respeto, lo segundo es un delito.
En España necesitamos un clima político basado en el diálogo, el respeto y la legítima discrepancia, apelando a la razón o incluso al corazón, pero nunca a las tripas mediante el insulto y la crispación, algo que por desgracia se viene observando con demasiada frecuencia en foros tan importantes como las Cortes Generales, protagonizados por algunos que siembran vientos y ahora cosechan tempestades.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.