Los procotolos de la vergüenza

A muchas de estas personas se les negó esa posibilidad por unos protocolos de la administración sanitaria madrileña que impedían la derivación de ancianos desde las residencias a los hospitales, atendiendo a criterios de dependencia y discapacidad, hasta el punto que esta bochornosa actuación provocó una crisis interna con el área de servicios sociales, con negativas a ejecutar este disparate. El firmante del protocolo reconoció en sede parlamentaria que informó de todo al consejero de Sanidad, y que el texto recogía «una redacción inadecuada de los criterios o recomendaciones de derivación, utilizando el término de exclusión». Y digo yo: ¿Por qué los firmó?

Más allá de la exigencia judicial de responsabilidades por esta gestión (y que en la vía penal rige el principio de ultima ratio), desde el punto vista civil, la Comunidad de Madrid es guardadora de hecho respecto de los residentes en centros de su titularidad (artículo 52 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria). Las palabras de Osorio denotan una falta de tacto impresentable ante el dolor de las familias a las que el virus les ha robado a sus mayores, a los que construyeron a este país. Los años 30 y 40 del siglo pasado fueron malos para nacer en España, destrozada por una guerra cruel y atenazada por una dictadura que hereda esa crueldad como seña de identidad. Décadas en las que las familias trabajadoras celebraban como triunfos ese piso adquirido con muchísimo esfuerzo y dedicaban lo poco que tenían a que sus hijos disfrutaran de una vida mejor que la de ellos. La guadaña del Covid se cebó con estas generaciones, y a este dolor se unen estas actuaciones irresponsables, que las discriminó por ser viejos y vivir en una residencia. No, Sr. Osorio, ninguna familia podrá superar nunca que su padre o su madre se haya ido, sin despedida ni duelo, y sin saber si una adecuada atención médica los hubiera salvado.