Problema para el consenso

Recuérdese que por razones competenciales, dado que la vivienda forma parte de las materias autonómicas, y por la necesidad de aunar voluntades y recursos, las iniciativas del Gobierno central podrían ser ineficaces no solo si se producen discrepancias entre administraciones; también si comunidades y ayuntamientos rehúsan implicarse activamente en su desarrollo. De modo que mientras los dos principales partidos, PSOE y PP, no establezcan unas bases comunes de actuación, la contraposición entre las acciones que pretende impulsar Sánchez y las que ayer expuso Alberto Núñez Feijóo para estimular alquileres y compras tenderá a perpetuar el problema.

La vicepresidenta Nadia Calviño recordó ayer que en España solo el 3% del parque de viviendas es público, frente al 9% de la media de la Unión. El Gobierno ha escenificado su propósito de que nuestro país se equipare al respecto a los niveles europeos. Pero lo ha hecho al término de la legislatura, tras desaprovechar tres ejercicios presupuestarios. Cuando incluso de los activos de la Sareb solo puede ofrecer en lo inmediato 9.000 pisos, para cuyo acceso se requerirán meses de gestión y de los que una mínima parte están ubicados en zonas tensionadas o de fuerte demanda. En cualquier caso, es deseable que la intervención normativa sobre el mercado alivie la situación de las personas y familias más necesitadas, con la contención legal de la subida de los alquileres por debajo del IPC y otras medidas. Aunque también para eso la tramitación parlamentaria del proyecto debería centrarse más en la prevención de los efectos adversos que la ley podría acarrear en cuanto al retraimiento de la oferta de alquileres y el encarecimiento del metro cuadrado de suelo disponible y de espacio edificado fijando mecanismos para corregirlos con prontitud.