Polémica servida

The Guardian publica una entrevista donde el ministro, en esencia, afirma, por una parte, que la ganadería extensiva es «ambientalmente sostenible» y «con mucho peso» en zonas de España como Asturias, Castilla y León, Andalucía o Extremadura» (algo que admite poca discusión), y por otra, que las 'macrogranjas' (ganadería intensiva) «contaminan los suelos, contaminan el agua y después exportan una carne de peor calidad»; añadiendo que en esta producción hay maltrato animal e implica «un impacto ecológico descomunal y desproporcional».

No es serio cuestionar que la ganadería intensiva tiene un acentuado impacto en el medio ambiente, La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que el sector ganadero emite entre 7,1 y 8,1 gigatoneladas de CO2 al año (el 14,5% de todas las emisiones provocadas por los humanos), algo que denuncia con vigor Greenpeace en el informe «Macrogranjas, Veneno para la España Rural» y que reconoce incluso nuestra normativa vigente cuando la exposición de motivos del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas afirma con contundencia que «En el ámbito medioambiental, la producción porcina puede tener un significativo impacto, especialmente en relación con la producción de nitratos y las emisiones de amoniaco a la atmósfera y, en menor medida, por su potencial carácter emisor de gases de efecto invernadero». Pero no es menos cierto que la norma citada, si se respeta, cumplirá los compromisos de reducción de amoniaco y otros gases contaminantes recogidos en la Directiva (CE) 2016/2284, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos y el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de septiembre de 2019). Tampoco es riguroso hablar de un maltrato animal generalizado, ya que la normativa vigente en la materia (Real Decreto 1135/2002 y la Ley 32/2007) impone al ganadero unos requisitos de manera inequívoca; dependerá de la autoridad competente verificar su cumplimiento sin que resulte admisible una acusación indiscriminada al sector. La verdad, para que prevalezca, debe ser expuesta con talante y con talento.