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Ángel Rodríguez
Domingo, 16 de febrero 2025, 01:00
Hay rompecabezas con cientos de piezas que no nos revelan la imagen del puzle hasta que conseguimos ponerlas todas: vamos buscándole a cada una su ... lugar y sólo cuando, por fin, colocamos la última aparece nítida, pongamos por caso, la torre Eiffel. Cualquier pieza que no esté en su sitio puede dar al traste con el conjunto. Ocurre también con el derecho constitucional: cuando una pieza del sistema se encuentra descolocada se resiente la Constitución en su totalidad y el desajuste puede surgir en el momento más inesperado. Por eso, es muy posible que la polémica sobre el salario mínimo interprofesional se vea afectada por una pieza fuera de sitio en nuestro puzle constitucional.
Como se sabe, la subida del salario mínimo ha traído como consecuencia que sus perceptores se encuentren ahora obligados a declarar esos ingresos en el impuesto sobre la renta, pues la cantidad que van a recibir excederá el mínimo exento de presentar declaración. A un porcentaje no desdeñable, todos los que no puedan beneficiarse de reducciones o exenciones por cargas familiares u otros conceptos, la declaración les saldrá positiva y una parte de la subida anunciada irá a parar a la hacienda pública. Algunos grupos parlamentarios han presentado sendas iniciativas en el Congreso para subir el mínimo exento, pretendiendo que ningún perceptor del nuevo salario mínimo (y, de rebote, de cualquier otro ingreso que no supere esa cantidad) tenga que tributar por ello. El Gobierno, al menos parte de él, se opone, y se dispone a esgrimir un instrumento constitucionalmente diseñado para enfrentarse con éxito a este tipo de iniciativas: se conoce como veto presupuestario, e impide que el Parlamento pueda aprobar nada que suponga incrementar gastos o (como sería el caso) disminuir ingresos públicos.
El fundamento constitucional del veto presupuestario es que el Parlamento no pueda ir en contra de los presupuestos generales del Estado que él mismo ha aprobado o, dado el caso, de los que tuvieron que prorrogarse porque a los nuevos les negó su aprobación. Pero, a día de hoy, el Parlamento ni ha aprobado ni rechazado presupuesto alguno, porque el Gobierno (esta es la pieza descolocada) ha desatendido su obligación constitucional de presentarlos, difuminándose así la posibilidad de un veto pensado para cuando todas las piezas encajan en su sitio.
No les falta razón a los que echan de menos la pedagogía fiscal necesaria para hacer ver que todos estamos obligados al sostenimiento de los gastos públicos, por lo que nadie debería dejar de declarar sus ingresos al fisco, y, en función de su riqueza, pagar los impuestos correspondientes. En cuanto al cumplimiento de la Constitución, la mejor pedagogía sigue siendo la antigua pero virtuosa práctica de predicar con el ejemplo.
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