Se han pasado tres montañas

El micrófono abierto del ministro de Justicia, tras cerrarse el acto de la Escuela Judicial de Barcelona, arrojó al aire un sonido casi gutural, la voz de Juan Carlos Campo decía: «Se han pasado tres...». Pueblos, montañas o ciclos, hay versiones. Lo cierto es que alguien de los asistentes había gritado «¡Viva el Rey» y la mayoría del resto, más tímidamente que nunca en este tipo de actos, repitió esa acostumbrada fórmula de lealtad a España. Extraña que el ministro se quejase de ello, o quizá no tanto, eso es lo más preocupante. Tras las elecciones, los votos arrojaron unos determinados resultados que permitieron que se crease la actual coalición gubernamental. Nada que decir, eso sí, una coalición social-comunista, una circunstancia que nunca suele darse en Europa occidental. Más allá de la pátina ideológica de las acciones que un gobierno pueda imprimir, nuestra Constitución consagra el estado de derecho, la legalidad, la convivencia, la igualdad, el básico modelo social y los límites de acción de todas nuestras instituciones, el desarrollo de la democracia que ganó el pueblo español. Así pues, el gobierno de turno no tiene el poder absoluto, lo tiene la ley. Por tanto, maniobrar para subvertir el funcionamiento de nuestras instituciones sería un acto incalificable que traiciona las garantías democráticas y pone en peligro el sistema. Será imposible justificar la decisión del presidente del Gobierno de no autorizar que el Rey presidiera el acto de entrega de despachos de los nuevos jueces, como ha sido la costumbre en España. La justicia actúa en nombre del Rey, que simboliza a España, al pueblo español, a su democracia. Las excusas de seguridad del Ministerio del Interior ni son creíbles ni justifican lo ocurrido, que este ministro no sea capaz de garantizar la seguridad del jefe del Estado insinúa unas circunstancias concurrentes que no acaecen en realidad. ¿Está este Gobierno incapaz violentando la situación política de España? Para colmo, las declaraciones del increíble vicepresidente Pablo Iglesias o de su correligionario Garzón, ministro de Consumo, acusando al Rey de romper la neutralidad política, son una afrenta injusta y de una gravedad institucional que no se pueden tolerar. Este Gobierno pone a España en una situación de inestabilidad que exige mucho más que una explicación, la desautorización expresa por parte de su máxima jefatura de estos dos miembros del Gabinete y la rectificación inmediata. Las circunstancias actuales de propagación de la enfermedad Covid-19 y la situación económica subyacente han creado un momento excepcional que requiere de muchos esfuerzos y medidas inmediatas. Nada de ello puede convertirse en una tronera por la que introducir cambios de calado mediante extrañas y desleales maniobras a las que un Gobierno no tiene derecho ni competencias. Romper las reglas, excederse en las funciones gubernamentales, actuar con oscuridad y perseguir fines inconfesables disfrazados de normalidad son una estafa política y una acción que la legalidad vigente no permite y que, por tanto, no tiene el refrendo del pueblo español. El presidente Sánchez no puede poner a España en la cuerda sinuosa de una ambición que quiere transitar como sea. España no merece estar al albur de revolucionarios, aventureros, separatistas y acomodaticios políticos que anteponen sus fines sectarios a los de la nación. Somos la Constitución, servirla es la garantía del pueblo español sin trampas ni letra pequeña. No es tan difícil entender que la lealtad al Rey es la lealtad a la democracia y a España.