A cada uno lo suyo

Pactos ERC-PSOE: verdad y opiniones

Domingo, 5 de noviembre 2023, 01:00

El pasado jueves, ERC y PSOE cerraron un acuerdo para garantizar el voto favorable de los primeros a la investidura del Sr. Sánchez. La contrapartida implica, en términos literales del acuerdo, «culminar la desjudicialización a través de la aprobación de una la ley de amnistía», ( ... que podría afectar a los hechos presuntamente delictivos con ocasión del proceso independentista catalán de octubre de 2017). El acuerdo incorpora dos anexos sobre la financiación para Cataluña y sobre el traspaso de competencia en materia ferroviaria, y aparece el término amnistía de forma expresa frente a eufemismos que adelantaban esta propuesta, de la cual, por cierto, seguimos sin contar con un texto que permita mayores precisiones. En mi modesta opinión jurídica (expresada en agosto en esta misma columna), cualquier medida, como la amnistía, que implique la inexistencia, a efectos jurídicos, de uno actos punibles en su momento, ciertos, y juzgados o pendientes de juzgar, es claramente inconstitucional. No he cambiado un ápice mi postura antes señalada, pero me consta (porque los he leído), que con serios argumentos sobre la mesa, otros juristas se posicionan en una línea muy distinta, admitiendo la constitucionalidad de la amnistía, algo que no debe sorprender a los que tenemos por oficio el derecho, donde el día a día son las discrepancias argumentadas, sobre la confianza de que en última instancia, en materia de garantías constitucionales, el TC, más allá de la habitual descalificación sobre su politización, puede y debe poner coto a posibles desviaciones del legislador en esta y en otras materias, tras el análisis pormenorizado del texto que eventualmente pudiera aprobar las Cortes Generales, en una tramitación que se anuncia larga y compleja.

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Por su parte, el traspaso del servicio de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías y regionales, no se saca de chistera, sino que lleva coleando desde hace tiempo sin concretar su efectiva ejecución. Más discutible resulta en mi opinión el acuerdo para sanear la situación financiera de la Generalitat (condonación de la deuda de 15.000 millones de euros más 1.300 millones de intereses), medida que de atender a los términos literales del acuerdo, afectaría a las Comunidades Autónomas de régimen común (que son todas salvo Navarra y el País Vasco), lo que desinfla las acusaciones de favoritismo. Sin embargo, no se despejan las dudas de si al final esta operación implicará un premio a los que han gestionado mal frente a los que han sido diligentes en sus gastos, o si esta liberación de recursos a la Generalitat, antes destinados al pago de este porcentaje de deuda, no sea una excusa para gastos innecesarios o directamente ilegales, que pudieran financiar otras aventuras inconstitucionales como las de 2017.

En definitiva, más allá de la legítima crítica política, el gobierno que derive de una eventual investidura, contará con legitimidad democrática (al igual que también la tenía el PP en 2016). Sigo creyendo que la serenidad en los argumentos y el culto a la verdad son el mejor antídoto frente al preocupante clima de crispación que se está instalando en la vida política de España.

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