Donald Trump parece empeñado en romper con todas las convenciones diplomáticas tras el giro radical imprimido a las relaciones de Estados Unidos con Rusia y ... con Ucrania. En un ataque frontal contra el país invadido, el líder de EE UU acusó ayer a Volodímir Zelenski de «dictador» y le responsabilizó de ser el causante de una guerra que Trump mide en grotescos términos económicos por el millonario gasto en dólares causado a su país. De un conflicto que, a su entender, podría haberse evitado si Zelenski hubiese aceptado la pérdida de territorios antes de que Vladímir Putin ordenara la invasión de febrero de 2022.
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Trump, al que Zelenski ve «en una burbuja de desinformación rusa», tiende a generar 'verdades alternativas' que exoneran a los culpables y cargan contra las víctimas. La anexión ordenada por Putin, a partir de una moción presentada en la Duma por el Partido Comunista, estuvo acompañada de revisiones históricas y proclamas que negaban la existencia de Ucrania. Fue una decisión tan deliberada que solo la mala fe es capaz de retorcer lo ocurrido. Como acaba de hacer el presidente de Estados Unidos, que exige elecciones con el ánimo de que los ucranianos opten por la rendición y bajo una presión brutal hacia Zelenski. «Que se mueva rápido o no le quedará país», le advierte el mandatario republicano.
El choque no es un episodio más del desencuentro de valores e intereses entre Washington y Kiev, con eco en Bruselas. Muestra cuál es el núcleo del problema: la pretensión cómplice de Trump y Putin para conformar un orden internacional que no esté sujeto a más anuencia que los acuerdos que en cada momento establezcan las grandes potencias entre sí. La Unión Europea tiene motivos sobrados para denunciar la confluencia de intereses entre Estados Unidos y Rusia que la ha dejado fuera de la mesa de negociación que busca la paz.
Pero, al mismo tiempo, no puede esperar a que la Casa Blanca rectifique o declare una mayor consideración hacia Europa si la Unión y cada uno de sus socios no se muestran consecuentes con la necesidad imperiosa de asegurar su defensa y procurar la de aquellos otros que aspiran decididamente a formar parte de la realidad comunitaria. Tampoco España puede pretender derivar hacia las instituciones de Bruselas el obligado incremento presupuestario en materia de seguridad. El Gobierno de Sánchez no puede rehuir la responsabilidad.
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