Ocurrencias

La pandemia del Covid-19 nos lleva complicando la vida desde principios de año, ha matado a muchos conciudadanos y ha destrozado a nuestra economía, abriendo un horizonte donde la esperanza y el esfuerzo tendrán que convivir con el virus y su directa influencia en nuestra forma de vivir y relacionarnos. Ya tenemos bastante como para que los listos de turno aprovechen la ocasión y conviertan los derechos en papel mojado. En estos días circulan ofertas de trabajo donde se exige o se prioriza a los candidatos que cuenten con algo parecido a un 'pasaporte de inmunidad COVID', y de hecho algunos trabajadores ya comienzan a incluirlos en sus CV. Esto choca frontalmente con nuestro marco constitucional: derecho a la protección de la salud (art. 43 CE.); el derecho a la intimidad (art. 18 C.E.), y el principio de no discriminación (art. 14 C.E, reforzado en el ámbito laboral cuando el artículo 4.2.c) del ET consagra el derecho «a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados» y se desarrolla en el artículo 17 del mismo texto legal).

Pero si lo anterior es grave, mucho más lo es si quien pretende entrar en estos peligrosos terrenos son poderes públicos. La Srª Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid ha planteado una cartilla COVID para que los ciudadanos que han pasado la enfermedad y tengan anticuerpos o se hayan realizado la prueba PCR cuenten con una especie de título habilitante que demuestre que no pueden contagiar ni ser contagiados (para acceder a gimnasios, museos, cines o a cualquier otro recinto cerrado). Supongo que la intención de Ayuso será crear zonas de «seguridad» y así permitir la reactivación económica, pero eso no se puede hacer con desprecio del derecho (no existe un marco normativo que habilite esa directa afectación a derechos fundamentales), y ante todo es insostenible desde el punto de vista sanitario, ya que las OMS, las autoridades sanitarias estatales y las sociedades científicas han clamado de forma unánime contra esta medida. porque a las objeciones legales y éticas se une la inexistencia de certeza alguna sobre el alcance y duración de la inmunidad y la duda de si todos los enfermos la tienen.

Seguro que no será la intención de la presidenta madrileña, pero su propuesta llevaría a una indeseable estratificación social por razones sanitarias, con ciudadanos de primera y de segunda, y con un serio peligro de guetos epidémicos, demasiados cercanos a ese mundo 'orwelliano' de la novela '1984'.