Negociar, mediar, conciliar

El último intento para solucionar esa disfunción secular de nuestro estado de derecho ha sido la reciente Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Además de los habituales cambios organizativos y procesales, esta ley se distingue de las anteriores en apostar por una transformación profunda en la manera de abordar los litigios al introducir los denominados medios adecuados de solución de controversias. Bajo la denominación abreviada de MASC se incluyen un conjunto de metodologías como la negociación, la mediación, la conciliación, la opinión neutral de experto, la oferta vinculante confidencial y las prácticas de derecho colaborativo cuya finalidad es que las partes inmersas en un conflicto puedan gestionar por sí mismas sus discrepancias, y ello mediante el dialogo y la negociación, bien directamente, bien con la ayuda de un tercero neutral (mediador, conciliador, experto). Y para alcanzar ese objetivo la nueva ley no solo establece que acudir a tales métodos será requisito previo para poder iniciar un proceso judicial confrontativo, sino que incentiva esa 'nueva justicia' con beneficios económicos para los litigantes que la utilicen.

De entrada, ha de reconocerse que el legislador ha optado en esta ocasión por algo más que por meras reformas procesales para mejorar el sistema judicial, pues pretende que todos los operadores jurídicos y el conjunto de la sociedad colaboren en 'otra forma' de hacer justicia. Si la justicia tradicional se ha caracterizado porque los litigantes delegan en abogados y jueces la gestión de su conflicto, siendo estos los verdaderos protagonistas y quedando los interesados en un segundo plano, con esta reforma se prima la autorresponsabilidad de las partes en la manera de poner fin a la controversia. En definitiva, se pretende que la ciudadanía y los operadores jurídicos asuman que negociar, mediar, conciliar o colaborar es también una manera adecuada de 'hacer' justicia, y que junto a una justicia impuesta puede y debe coexistir una justicia dialogada.

Ahora bien, sentado que estamos ante un importante cambio de cultura no solo jurídica, sino también social -menos confrontar y más acordar nos está sugiriendo a todos el legislador-, hemos de ser cautos en cuanto a los resultados inmediatos de esta reforma. Como todo cambio cultural, no será fácil, ni rápido, ni será suficiente con el BOE como instrumento para llevarlo a efecto. Por el contrario, será imprescindible la 'interiorización' por todos los operadores jurídicos y por la ciudadanía del nuevo paradigma en la forma de abordar los conflictos, asumiendo que no toda solución de los mismos debe pasar por un tribunal. Además, desde el punto de vista organizativo, será más eficiente una justicia 'multipuertas' ya que, junto con la sentencia 'de mazo'-lenta y cara-, convivirán otras formas de resolver las discrepancias legales más rápidas y más económicas. A este respecto, ha de recordarse que Málaga fue pionera y es referente nacional desde hace más de veinte años en materia de mediación conectada con los tribunales como alternativa a la justicia tradicional. Y ello ha sido posible gracias al trabajo y la colaboración de muchos profesionales de la mediación, de la abogacía y del sistema judicial, así como de colegios profesionales, Universidad y Junta de Andalucía. Existe, por tanto, un sustrato profesional y una experiencia acumulada muy potente para que esta nueva cultura del litigio 'cale' socialmente entre los malagueños. Pero ello requerirá iniciativas integradoras y multidisciplinares -esta nueva mirada sobre los litigios no puede ser solo cosa de abogados y jueces-, superar corporativismos defensivos anclados en el pasado -la abogacía siempre será necesaria- y, especialmente, asumir que negociar, mediar, conciliar y alcanzar acuerdos es también una forma de hacer justicia.

Dados los tiempos que corren a nivel mundial en los que, como en las cavernas, vuelve el paradigma de la resolución por la fuerza de los conflictos -el ganador se lo lleva todo y el perdedor queda vencido y humillado-, esta otra manera de resolver las disputas basada en el diálogo, en la colaboración y en el pacto debería ser no solo una forma de mejorar nuestra maltrecha administración de justicia, sino también seña de la identidad europea y del tipo de convivencia futura que deseamos. En esa dicotomía ante la discrepancia, imposición versus dialogo colaborativo, nos va buena parte de nuestra supervivencia como sociedad libre y abierta en la que merecerá la pena que vivan nuestros hijos.