Nuestros mayores lo merecen

Lo sucedido en las residencias durante la primera ola de la pandemia (miles de muertos entre los mayores residentes), ha generado un alto nivel de sensibilidad respecto a las condiciones en estos centros. Desde los 30 hasta los 50, fueron malos años para nacer en ... España, destrozada por una guerra cruel y atenazada por una dictadura que hereda esa crueldad como seña de identidad. Años, para la inmensa mayoría, de hambre, miedo y escasez. Esas personas tendrán ahora desde 70 años hasta los que el cuerpo aguante. El virus que atormentó nuestra vida, además mató a muchos. No fue el único enemigo: la soledad y la pobreza, también han sido «compañeras» indeseadas para muchos de ellos. La inmensa mayoría quiere lo mejor para sus familiares ancianos, pero las circunstancias económicas y profesionales de cada uno, a veces convierten en difícil el debido cuidado en las casas, y las residencias son una salida, siempre haya suficientes de titularidad pública o concertadas. Sin embargo, algunas no actúan con la necesaria diligencia con los mayores cuyo cuidado se les encomienda, y si la administración competente cumple con su obligación, las debe fiscalizar, y en su caso, sancionar. Al Tribunal Supremo ha llegado recientemente una cuestión de indudable interés: ¿Tenemos derecho a acceder a la información sobre sanciones a residencias, sean públicas o privadas? Pues bien, el reciente ATS 24/11/2022 (Nº de Recurso: 6098/2022), considera, al hilo del recurso de casación contra una sentencia del TSJ de Cataluña (que le da la razón a la residencia sancionada), que existe interés casacional objetivo para determinar si, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia (LT), es aplicable a las personas jurídicas la protección de datos personales relacionados con la comisión de infracciones administrativas que no conlleven amonestación pública al infractor en las solicitudes de acceso a la información pública. No se puede olvidar que, con la LOPD, el derecho fundamental a la protección de datos personales es de las personas físicas (art. 1.a), y las residencias son personas jurídicas, lo que nos lleva a la coexistencia de la defensa del legítimo interés económico de la entidad afectada y el de la transparencia. Pues bien, la LT establece que la aplicación de límites al acceso «será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». No hay duda de que la información pública sobre sanciones firmes a residencias (o cualquier otra empresa), les puede causar perjuicio, pero no implica un menoscabo a la reputación de todo el sector cumplidor de las normas. Además, contar con esa información, aumenta la confianza entre residentes y familias para la elección, ya que deben prevalecer sus intereses respecto a los económicos de los que incumplen. Nuestros mayores lo merecen.