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Es realmente triste y descorazonador leer o escuchar muchos de los comentarios por la llegada a Torrox de 240 migrantes subsaharianos procedentes de la última oleada de pateras a Canarias. Es tanta la desinformación y son tantos los prejuicios que uno se pregunta qué ronda ... por las cabezas de muchas personas y, también, de algunos cargos públicos. La realidad, por mucho que escueza, es una xenofobia latente que aflora a cada momento, especialmente con migrantes africanos sin recursos pero también con estrellas del deporte, por el único motivo de ser negros.
Lo más grave es que se arremete, como siempre ocurre con los desfavorecidos, contra las víctimas, y no contra aquellos que tienen en su mano la solución –léase los gobiernos– o que se aprovechan de su desesperación –léase las mafias–. Una persona que trata de mejorar su vida o la de su familia nunca debe ser criminalizada y mucho menos tratada como un ciudadano de segunda o como un animal. Cualquier persona, venga de donde venga, tienen el derecho a perseguir la dignidad y más aún cuando se juega la vida para conseguirla. Ello no impide, antes de que alguien salte a la yugular de este artículo, que haya unas normas y que estas tengan que cumplirse. Resulta evidente que las fronteras no pueden estar abiertas y que hay que establecer unos controles de entrada, pero una vez que se produzcan fallos en ese sistema o excepciones es preciso asumir de una vez por todas que no se puede dejar a ningún migrante en un limbo legal y personal. Es muy llamativo cómo la sociedad, cómo todos nosotros, acepta que se abandone a su suerte a personas que a lo único que aspiran es a vivir sin miedo ni angustia.
Que nadie se engañe y que nadie nos engañe. Todos los gobiernos, los del PSOE, los de Podemos, los de Sumar y los del PP, expulsan a inmigrantes que entran en España irregularmente. Incluso no es la primera vez que organizaciones no gubernamentales denuncian las expulsiones en caliente. Y esas expulsiones se realizan en base al ordenamiento jurídico y a la necesidad de preservar el orden en las fronteras. Nada que objetar, salvo la doble moral con la que en demasiadas ocasiones se afronta este asunto con el único objetivo de esconder la cabeza e ignorar responsabilidades.
El Gobierno prevé que España aumente su población de 47,8 millones a 52,4 en 2050 y este aumento solo puede partir de la inmigración. El Ejecutivo actual estima que el saldo migratorio —diferencia entre inmigración y emigración— será de unas 300.000 personas en 2024, 200.000 en torno a 2030 y de 400.000 en 2045. Es decir, España será un país multicultural y multiracial, por mucho a que algunos le salgan sarpullidos. Y bien haríamos en tomar ejemplos como los de Francia o Bélgica para organizar esta transformación y este cambio, facilitar la integración del que llega, el cambio de mentalidad de los que estamos y una convivencia basada en la tolerancia y el respeto al diferencia, algo que hoy se presume bastante lejos. Habría que afrontar la realidad y mirarla cara a cara para aceptar que el mensaje xenófobo está instalado, también, entre las generaciones más jóvenes, que han comprado y aceptado el discurso perverso de que el inmigrante tiene más privilegios que cualquier español.
Pues claro que hay abusos, como los hay entre los españoles o europeos que residen aquí, pero esas excepciones nunca pueden generalizarse. Es verdad que hay profesionales de la subvención o la caridad, pero son de todas las nacionalidades, incluida la española.
España, con el respaldo de Europa, debe afrontar la gestión migratoria sin prejuicios, sin complejos y sin doble moral. España necesita a los inmigrantes y miles de inmigrantes necesitan países como España. Es inhumana la legislación que desampara a hombres, mujeres y niños que llegan en patera o cayucos y que quedan enredados en una burocracia absurda. Hasta tal punto que durante los primeros tres años de su estancia irregular en España tienen prohibido trabajar, aunque tengan una oferta y un contrato, lo que les aboca a la venta ambulante y a la economía sumergida. Todo muy normal. La solución, es evidente, sólo pasa por una política integral que comience en las escuelas para combatir la xenofobia, y que se desarrolle en toda la estructura de la convivencia infectada por la intransigencia que, por otra parte, nadie quiere reconocer.
Que el concejal de Torrox que cree que los migrantes subsaharianos acabarán robando, que habría que marcarlos como animales o que transmiten el tifus siga aún en su cargo público es una enorme anomalía democrática que deja en evidencia no sólo al Partido Popular y a sus cargos sino a todos los que lo aceptan. Sus comentarios, aceptémoslo, no son más que una muestra de lo que muchas personas piensan y verbalizan en privado. Y eso es lo realmente triste y peligroso.
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