Sobre desahucios, okupas e inquiokupas

Cualquier análisis sobre el acceso a la vivienda debe partir del artículo 47 de la Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

El mandato constitucional no deja lugar a dudas sobre la responsabilidad de los poderes públicos representados en el Estado. Sin embargo, los legisladores han tejido una maraña legal en los últimos tiempos que favorece y protege a los inquilinos que no cumplen con los pagos del alquiler frente a los propietarios de las viviendas, protección que incluso se extienden a los que okupan –por la fuerza– una vivienda y eluden el pago de la renta y de los suministros a sus propietarios.

Esta situación genera una indefensión a los propietarios, que tienen que afrontar los gastos de la vivienda mientras las disfrutan otros.

Esta semana hemos publicado el desahucio de una mujer de 43 años, y sus tres hijos de 15, 9 y 4 años. El motivo era que llevaba dos años sin pagar el alquiler al propietario, un hombre de 65 años que, igualmente, se declaraba también en situación de vulnerabilidad. El desahucio fue aplazado en dos ocasiones y esta vez se hizo efectivo porque la inquilina había agotado las ayudas de alquiler que recibió del Ayuntamiento de Málaga. Josefa, que se dedica a la venta ambulante, asegura que no podía pagar la renta de 500 euros porque con sus ingresos y los de la pensión que recibe de su exmarido no le alcanza para hacer frente a ese gasto.

Es un claro ejemplo de la colisión de dos derechos e intereses: los de la familia y los del propietario. Los vecinos que se dieron cita para impedir sin éxito el desahucio resumen perfectamente la conclusión de este análisis: «Contra el propietario no vamos, él tiene derecho a recuperar su vivienda». Al tiempo que reclamaban que el Ayuntamiento de Málaga atendiera esta crisis habitacional.

El Área de Derechos Sociales lleva atendiendo a esta familia «desde hace años» y se le informó de todas las ayudas para sus necesidades básicas y para el alquiler. Además, la Unidad de Emergencia Social acompañó a la familia hasta Loja.

Y en este sentido, conviene recordar que el Ayuntamiento de Málaga tiene un grave problema de impagos de los alquileres sociales, cuya deuda alcanza ya los 30 millones de euros, que salen de las arcas municipales. Las mensualidades de los alquileres sociales del Instituto Municipal de la Vivienda en la capital rondan los 230 euros de media, aunque hay casos desde 45 hasta 400 euros. Desde la crisis económica de 2008, el Ayuntamiento de la capital no ejecuta desahucios de viviendas protegidas en alquiler por impagos, lo que otorga una cierta impunidad a personas que no abonan las mensualidades porque saben que no serán desalojadas. La casuística de estos impagos es infinita, desde familias vulnerables que luchan por salir adelante hasta otras que se aprovechan de esta situación a costa de los demás.

Basta darse una vuelta por los cientos de comentarios a esta información en la web y redes de SUR para percatarse de la opinión de buena parte de la ciudadanía, partidaria de defender a los propietarios de las viviendas frente a los impagos, criticar a las personas que puedan beneficiarse de la legislación para eludir el pago del alquiler y criticar la indefensión legal en estos casos, que provoca que muchos propietarios se resistan a poner sus propiedades en el mercado de alquiler. Igualmente, la mayoría es partidaria de acoger y proteger a los afectados, especialmente cuando hay menores, pero no a costa de los particulares, sino a través de los mecanismos del Estado, que por mandato constitucional es el que tiene esa responsabilidad. Es muy fácil vociferar desde las tribunas públicas cuando el gasto se lo endosas a los particulares.

Las administraciones públicas deberían afrontar este asunto y abandonar la demagogia, porque de lo contrario se está fomentando y alentando el hartazgo ciudadano que, como siempre, deriva en posiciones radicales. La sociedad tiene que asumir la protección de personas vulnerables con dificultades para salir adelante o, siquiera, para ganarse la vida. Pero ello nunca puede hacerse a costa de complicarle la vida hasta el extremo a un particular. Pero claro, ya se sabe que los datos suelen dejar en evidencia al relato de aquellos que quieren enarbolar la bandera de la solidaridad siempre y cuando la paguen otros.