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Hace unos días publicamos en SUR un vídeo del discurso del malagueño Bernardo Quintero durante su nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de ... Málaga. Fue un alegato en favor de la educación pública que en pocas horas se hizo viral y, diría, llegó a todos los rincones de España. Ese vídeo ha alcanzado ya los dos millones de visualizaciones, compartido casi diez mil veces. «El esfuerzo de una familia, por grande que sea, no basta si no existe un sistema que lo respalde. Un sistema que garantice que cualquier niño o niña, sin importar de donde venga, pueda llegar tan lejos como su talento y su esfuerzo se lo permitan. La educación pública es el mejor ascensor social que existe, es el mayor acto de justicia que una sociedad puede hacer por su futuro y, además, es la mejor inversión posible, porque el conocimiento no solo cambia la vida del que lo recibe, sino que se multiplica, regresa y transforma la sociedad», dijo Quintero en una intervención tan emocionante como certera. No se pudo decir mejor.
Él, artífice de que Google esté en Málaga y de que la ciudad sea uno de los referentes mundiales de la ciberseguridad, supo plasmar lo que siente y defiende esta sociedad, porque la educación pública, como la sanidad, es el mayor patrimonio de nuestro estado del bienestar y la mayor conquista colectiva de nuestro tiempo. Pero este consenso no se salva de la demagogia política para utilizarlo en el embarrado terreno en el que siempre se mueven nuestros representantes públicos. Y el último ejemplo lo vivimos hace unos días como consecuencia del enorme impacto que tuvieron las palabras de Quintero.
No me cabe la menor duda de que tanto la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, como el presidente Pedro Sánchez quisieron convertirse en relevistas de Quintero y salieron en estampida verbal para defender lo que todos defendemos atacando a las universidades privadas. Luego, como siempre ocurre, llegaron las matizaciones, las explicaciones y las rectificaciones, pero el mensaje ya se había lanzado: la defensa de la educación pública pasa por atacar a la privada, a la que el presidente Sánchez llegó a calificar de chiringuitos y expendedores de títulos, en un alarde de generalización que, simplemente, lo ridiculiza.
Es una pena que constantemente asistamos a la verborrea irresponsable de cargos públicos con enorme peso político e institucional, como si fuesen cuñados con una copa de más en la cena de Navidad. El sistema educativo en España, como la sanidad, se sustentan en un modelo híbrido en el que el peso público es enorme y el privado actúa como complemento. No nos podemos imaginar un sistema educativo sin la existencia, por ejemplo, de los colegios concertados o de universidades del prestigio de Deusto, Comillas, CEU o Navarra.
Nadie puede estar en contra de que se defienda y fortalezca la educación pública y de que se establezcan filtros para garantizar la calidad y excelencia de los proyectos privados, siempre y cuando las decisiones y exigencias sean objetivas y no queden al albur de posiciones ideológicas, como ocurre ahora, cuando desde instituciones públicas se cierra el camino a la implantación de proyectos privados simplemente porque sí.
Por supuesto que hay entidades de educación privada que no alcanzan los niveles mínimos de excelencia, pero es que también hay centros públicos que se quedan muy por debajo de los mínimos exigidos. Lo que de verdad importa es buscar y fomentar la calidad en ambos ámbitos –público y privado– y que cualquier persona, tenga recursos o no, pueda alcanzar las mayores cotas de formación que le permitan su talento y su esfuerzo. Y sobran muchas posiciones maximalistas, políticas y demagógicas.
Para mí la verdadera educación pública es aquella que permite a un chico o una chica con pocos recursos llegar a hacer, incluso, un máster en Harvard, en el MIT o en cualquier lugar del mundo.
Y no me parece un ejemplo lo que pasa en Andalucía, donde la universidad es gratuita para todos, incluso para el hijo de un multimillonario. Si un nieto de Amancio Ortega o de cualquiera de la lista Forbes estudiara en Andalucía no tendría que pagar matrícula. Y olé.
Pero así el PSOE quiso en sus días decir que aquí la universidad es gratuita, ignorando que la barrera social y económica se traslada de inmediato a los másteres, en los que los hijos de padres con recursos económicos pueden completar su formación en centros a los que no pueden acceder muchas familias. Ahí debería estar la educación pública para premiar el esfuerzo y el talento.
Pero claro, como siempre ocurre, lo importante para los gobernantes es armar un discurso y un relato, porque lo demás, lo que de verdad es importante, les importa un bledo.
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