Ya no se habla del problema de la vivienda en Málaga

Tanto Paco de la Torre (PP) como Dani Pérez (PSOE) se afanaron en transmitir que para ellos, como para sus respectivos partidos, esta crisis estaba en el centro de su acción política. Pero han hecho falta apenas unas semanas para darnos cuenta de que toda esa energía se ha diluido, como si el problema se hubiera esfumado. Si uno es mal pensado, puede llegar a la conclusión de que, una vez celebradas las elecciones, ya todo carece de importancia. Y si uno es bien pensado, puede ser indulgente y plantearse que lo que ocurre es que no se sabe, no se puede o no se quiere afrontar este debate de una manera realista y efectiva.

Quizá quien suscribe pecó de ingenuidad al creer que una de las primeras medidas de la corporación municipal iba a ser aunar esfuerzos para desarrollar un plan de acción que pusiera las bases para reordenar el sector de la vivienda en Málaga. Incluso en esta misma página se reclamó un pacto municipal, en el que estuvieran representados todos los partidos, para poner en marcha acciones efectivas a corto y medio plazo. Pero no está siendo así. Ni creo que vaya a serlo.

La realidad es que el urbanismo y la vivienda es una de las principales fuentes de ingresos, si no la mayor, de los ayuntamientos, motivo por el que todas las administraciones son reacias a tomar decisiones que puedan significar menores ingresos. De la misma forma, el sistema se ha convertido con el paso de los años en una maraña burocrática que ralentiza hasta niveles indignantes la promoción de viviendas, sea cual sea su calificación.

Es una locura aceptar que una licencia pueda tardar año y medio, pero es aún más delirante que el desarrollo de un suelo pueda llevar más de siete años o, en algunos casos, pueda llegar a los veinte. No hay justificación posible a esta tardanza que afecta directamente a los intereses de los ciudadanos y espanta a empresas e inversores dispuestos a jugarse su dinero en algún proyecto. Y sirva un ejemplo: obstáculos administrativos tienen bloqueada la construcción de un millar de viviendas en el sector de Soliva Oeste.

La solución al problema de la vivienda en Málaga pasa por poner más suelo disponible para la promoción de viviendas públicas y de renta libre, por agilizar los trámites administrativos y, he aquí uno de los grandes debates, por la rebaja de impuestos tanto para los promotores como para los compradores. Pero claro, ninguna administración, y menos la local, está dispuesta a esta concesión.

Porque una de las paradojas de este asunto es que la clase media tiene casi vetada el acceso a viviendas asequibles. Por un lado, los requisitos para las VPO tienen un umbral de renta demasiado bajo, hasta el punto de que una pareja en la que cada uno tenga un salario de 23.000 euros ya queda excluido para aspirar a una de ellas. Por otro, las viviendas de renta libre tienen unos precios desorbitados para sus ingresos. Estas dos circunstancias expulsan a esta pareja del mercado inmobiliario; no les deja otro remedio que optar por un alquiler que, además, también tiene un precio altísimo.

La conclusión es que la llave para solucionar este problema la tienen las administraciones, que deberían cambiar las condiciones de acceso a las viviendas públicas, agilizar de manera urgente la oferta de suelo para la promoción, inyectar velocidad a los trámites administrativos y rebajar los impuestos para que la carga impositiva no impacte de manera tan directa en el precio. Y en este punto es preciso recordar que la Junta de Andalucía tiene las competencias para hacer atractiva la VPO a los promotores y para aligerar la burocracia que frena el desarrollo de los suelos.

Porque hay que empezar a llamar las cosas por su nombre: la regulación actual de las viviendas públicas provoca que no sean rentables para el promotor. Esa es la razón por las que se quedan sin construir en la mayoría de los casos. Además, la nueva Ley de Vivienda ha subido el porcentaje de vivienda pública de una promoción del 30 al 40 por ciento, lo que rebaja aún más esa rentabilidad.

Tanto es así, por ejemplo, que en Valencia se están construyendo varios cientos de viviendas porque la Unión Europea subvenciona al promotor con 50.000 euros por cada casa. Es decir, el sistema hace inviable la construcción salvo que esta esté subvencionada con dinero público. Demencial.

Pero la acción política no quiere entrar en este asunto y se queda en la superficie, incapaz de liderar un cambio real en la política de vivienda. El relato político, muchas veces populista, les importa más que la solución real del problema. Es tan complejo el asunto que merecería un pacto de Estado lejos de prejuicios y propaganda barata. Pero eso es pedirle demasiado a los políticos que hoy nos gobiernan. De un signo y de otro. Indignante.