Madrid: galimatías jurídico

La aplicación de las medidas de «confinamiento» recogidas en la Orden del Ministerio de Sanidad de 30-9-2020 (OM) respecto a la Comunidad de Madrid, ha dado lugar a un enredo jurídico (con un trasfondo evidente de enfrentamiento político entre el Gobierno de la Nación y el de Madrid), donde, como era de esperar, se están produciendo posturas discordantes entre diversas instancias judiciales. Con nuestra salud pública amenazada y con la economía haciendo aguas, lo que menos ayuda a nuestra vida diaria y a la recuperación económica es la inseguridad jurídica.

En su momento, las intensas medidas restrictivas de derechos fundamentales (como la libertad de circulación) tenían el amparo del estado de alarma (art 116 CE y la Ley Orgánica 4/1981), pero una vez que se decide no prorrogar esta previsión constitucional, la cobertura para seguir adoptando medidas preventivas generales y restrictivas individuales residía en la normativa sanitaria (en especial el art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública). En su momento, mantuve en estas mismas páginas («Mejor alerta que miedo») la necesidad de continuar con el estado de alarma (diversificando el ámbito territorial y de medidas) para evitar conflictos jurídicos. Me temo que no iba muy descaminado ante la endiablada situación a la que estamos asistiendo. Cuando la situación ha empeorado y se han tenido que adoptar medidas restrictivas generales de la libertad de circulación, se ha tirado por la calle de en medio con el art. 65 de la Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Público de Salud (en la que entiendo que el Ministerio de Sanidad no necesitaba la unanimidad de todas las CC AA para dictar la mencionada O M), que tenía el riesgo de que algún órgano jurisdiccional pudiera considerar insuficiente esta vía para las mencionadas medidas. Y eso es lo que ha pasado con el Auto del TSJM de 8-10-2020, al no ratificar la Orden 1273/2020 de la C. de Madrid de ejecución de la OM. Al final, el viernes, estado de alarma para varios municipios de Madrid. Lo dicho, mejor alarma que inseguridad jurídica.