Se llama coherencia

En octubre de 2016, el Sr. Rajoy era investido presidente del Gobierno por el Congreso y la Coordinadora 25S convocaba a una manifestación para protestar. Dos derechos que podían y debían convivir: el de los diputados a votar a quien estimen conveniente y el de los manifestantes a mostrar su desacuerdo con la gestión del PP. Pero lo que chirriaba era que por algunos líderes de la llamada entonces 'nueva política' (ahora ven las cosas de otra forma), una investidura de un presidente del Gobierno en la sede de la soberanía nacional era calificada como un «gobierno ilegítimo de un régimen ilegítimo» y «golpe de Estado», usando una fotografía del golpe de Tejero, mostrando un ego desbocado y en inversa proporción al equilibrio y cultura política e histórica que debe caracterizar a un representante público. Ahora estamos asistiendo a un legítimo debate sobre la conveniencia de un gobierno u otro, pero donde se está colando un discurso apocalíptico igual de irresponsable que el antes señalado. A una persona como Aznar le «angustia que los comunistas entren en el Gobierno por primera vez desde la Guerra Civil», cuando si tuviera un mínimo de dignidad debería ocupar su tiempo en ajustar cuentas con su conciencia en el deplorable papel que tuvo en esa guerra inmoral e ilegal de Irak donde cientos de miles de inocentes perdieron la vida. Y el cardenal Antonio Cañizares, un pastor de la Iglesia a la que pertenezco, considera que el preacuerdo de gobierno «entre socialistas y socialcomunistas» refleja la imposición de un pensamiento único que ha causado «conmoción», y que quebrará más la sociedad, situando a España en «grave emergencia» y necesitada de una «sanación urgente». Estremece tanto disparate por estos personajes y la corte de aduladores que los jalean, y resulta muy preocupante en cuanto pone de manifiesto un desconocimiento o desprecio (o las dos cosas juntas) de algo que dejó claro en sus inicios el Tribunal Constitucional (STC 6/1981): «El principio de legitimidad democrática que enuncia el art. 1, apartado 2 de la Constitución es la base de toda nuestra ordenación jurídico-política». Es evidente que el principio de legitimación democrática adquiere una especial trascendencia en la elección de las Cortes Generales y en la investidura por el Congreso del presidente del Gobierno: art. 1.2 CE: «La soberanía nacional reside en el pueblo español» y art. 66.1: «Las Cortes Generales representan al pueblo español».

Parece que algunos no han entendido que la época de las mayorías absolutas se ha ido para no volver; desde las elecciones europeas de mayo de 2014, y de forma más clara desde las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2015, aquí o se dialoga o nos vemos abocados a otras elecciones. ¿Es eso lo que quieren Aznar y el cardenal Cañizares? ¿Sería eso bueno para España? ¿Tienen otra fórmula para formar gobierno que no sea la prevista en la CE? Si queremos (y debemos) respetar los resultados en las urnas, no se puede erosionar la legitimidad de la elección que el Congreso haga respecto al futuro presidente del Gobierno, sea quien sea el elegido y sin perjuicio de la crítica a la que se someta su acción política. Lo mismo dije en su momento en esta misma columna respecto a la investidura del Sr. Rajoy antes señalada. Creo que esto se llama coherencia.