Lawfare gubernamental

En nuestro país, el lawfare lo introdujo la izquierda radical y fue adoptado por el independentismo, conscientes de que para conseguir subvertir la legalidad tenían que ganarle el pulso a quienes han asumido entre sus funciones la de garantizarla y aplicarla. En la actualidad forma parte del argumentario socialista español. El presidente del Gobierno, sugirió el pasado miércoles en los corrillos con periodistas en el Palacio de la Moncloa durante la copa de Navidad que el Partido Popular actúa en connivencia con los jueces. Dijo tener la sensación de que el PP «juega con las cartas marcadas» cuando saca a relucir los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo, caso Ávalos, y a su familia, caso Begoña Gómez. Una acusación gravísima con la intención de menoscabar la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño institucional. La independencia judicial sostiene nuestra convivencia democrática y frustra las tentaciones de los políticos de estar por encima de la ley en el ejercicio de sus funciones. Pedro Sánchez ataca a lo jueces, conocedor que son los únicos en la actualidad que son dique de contención frente a la arbitrariedad de su ejercicio en el poder. Su estrategia pasa por el deterioro de la imagen de determinados magistrados ante la opinión pública aprovechando que, por razón de su posición, quienes imparten justicia no se pueden defender. Llama poderosamente la atención que sea precisamente Sánchez el que señale a determinados togados, conocido su afán intervencionista en los órganos judiciales, como en el caso escandaloso del nombramiento de su ministra de Justicia como Fiscal General del Estado en su momento o las maniobras para que Conde Pumpido presidiera un Tribunal Constitucional integrado por personas muy significadas políticamente como Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, ex alto cargo en el Ministerio de la Presidencia. A su falaz y cobarde acusación 'off the record', se sumó con la misma desfachatez uno de sus 'miniyo', el portavoz socialista Patxi López, que dijo que «hay jueces que hacen activismo político» y repitió que en nuestro país se están llevando a cabo investigaciones «prospectivas». Una mentira a su altura.

Podemos recordar las palabras del socialista Ábalos en mayo de 2018, que refiriéndose al PP, adelantaba lo que hoy estamos viviendo: «Crearon con su particular uso del poder un verdadero círculo perfecto de corrupción, encubriéndola con tretas y artimañas, obstaculizando la justicia para intentar engañar a la gente».