¿No habrá 20 justos?

La falta de consenso parlamentario en la designación de vocales del CGPJ (sobre cuya responsabilidad, cada cual tendrá su opinión), ha llevado a una respuesta del legislador estableciendo limitaciones a sus funciones, mediante la Ley Orgánica 4/2021. La mencionada reforma limita las decisiones del Consejo en funciones con relación a las propuestas de nombramiento de determinados cargos judiciales, siendo muy relevante la de los Magistrados del Tribunal Supremo (TS), y hasta la reforma de julio de 2022, de los Magistrados del Tribunal Constitucional. Respecto al TS, su Sala de Gobierno aprobó un informe del Gabinete Técnico que ofrece cifras, muy preocupantes. Desde los primeros meses de este año, insostenible es la situación de las Salas IV (de lo Social), con 6 vacantes en una plantilla de 13; y III (de lo Contencioso-Administrativo), con 11 vacantes en una plantilla de 33, faltando ya 3 magistrados en la Sala Civil. Con este desolador panorama, según este informe, se dictarán en el año 2023 unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), «con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone», y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al «colapso» de ambas salas.

¿Cabe mantener esta situación sine die? Creo que, sin perjuicio de cada fuerza política y asociación judicial mantenga sus legítimas posturas, la composición de las nuevas Cortes no posibilitan ni una reforma del modelo ni una derogación de los límites a las funciones del CGPJ. Y esto nos lleva derecho a la necesitad, sin pausa alguna, de elevar la altura institucional evitando el regate corto, y eso solo se puede traducir en que, una de las primeras medidas de nuestros parlamentarios, debe ser cumplir con el mandato constitucional, y con el actual marco legal, designar a los vocales del CGPJ. A sus conciencias apelo.