El Juez ordinario predeterminado por la ley

Seguro que habrá carencias policiales y en los juzgados de la zona, pero la solución no pasa por obviar que el art. 24.2 de la Constitución (CE) señala que «todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley», que lo será por una Ley Orgánica (art. 122.1 CE, según el cual, la LOPJ «determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales»). Con relación a la concreta determinación en el territorio de la planta de Juzgados y Tribunales, es la Ley 38/1988 la que delimita partidos judiciales y el número de órganos judiciales en cada uno de ellos. Por último, serán las normas de reparto las que concreten a que juzgado corresponde.

Por tanto, el Juez ordinario «predeterminado por la ley» que conocerá de la instrucción de estos delitos cometidos en Barbate, no puede ser otro que el que tenga la competencia objetiva y territorial, y en cualquier caso, «independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley» (art 117.1 CE). En este caso de Barbate, será uno de los dos juzgados de 1ª Instancia e Instrucción el que asuma la fase instructora por imperativo del art. 14 LECrim (juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere cometido). Esto es una garantía esencial para todos, evitando la tentación de jueces 'ad hoc' que pueda cuestionar la debida imparcialidad. Cuestión distinta es que, por sentido común, el juzgado competente de Barbate pueda contar con jueces de refuerzo, para posibilitar al titular dedicar el máximo tiempo a investigar este crimen.