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La encarnizada batalla política que se desarrolla con el intento por parte del Gobierno de imponer la ley de amnistía, contra el criterio de la mayoría de los jueces y fiscales, está haciendo saltar por los aires la venda sobre los ojos de la justicia ... que garantizan su independencia y objetividad. Desde el siglo XV la justicia se representa con la figura de una mujer que lleva los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. Los ojos vendados significan que la justicia es ciega, que actúa con decisiones imparciales, sin influencia de riquezas, política, fama o infamia. La espada simboliza la ley que siempre tiene que ser observada y la balanza es sinónimo de equidad, equilibrio y el justo medio. En nuestro poder judicial ahora prevalece la espada. La espada para amenazar a los que no sigan los dictados del poder. El Gobierno ha organizado un desbarajuste de tal magnitud al forzar hasta el límite las fronteras de la legalidad, constitucionalidad y la independencia con la amnistía que ha convertido el ámbito de la justicia en una guerra de trincheras. El problema es que, como decía el cínico, toda buena acción tiene su justo castigo y al final de la batalla serán los ciudadanos de a pie los más perjudicados por la colisión de poderes.
Que se lo pregunten a Alberto González Amador. Un ciudadano que tiene un pleito abierto con la Agencia Tributaria que le acusa de intento de fraude fiscal. Como otros contribuyentes, intenta pagar a Hacienda lo menos posible, como Xabi Alonso o Andrés Iniesta. Pero mientras se resuelve el contencioso, sus datos y estrategia de defensa han saltado a la prensa filtrados desde la Fiscalía. Ahora le recordaré al lector que González Amador es el compañero sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ah, claro. Ahora se entiende todo. Ley de amnistía, 'caso Koldo', trama de comisiones de mascarillas, gestiones mercantiles de la esposa del presidente del Gobierno. Todo este barullo desemboca en el sistema judicial y descarga sobre las espaldas de los jueces una presión insoportable que condiciona su imparcialidad.
En el centro del terreno de juego está la Fiscalía General, cuyo titular, Álvaro García Ortiz, se ha alineado con el Ejecutivo negando la posibilidad de investigar a Puigdemont y enfrentándose al Consejo Fiscal. Ahora intenta que no se admitan a trámite las querellas por filtración de datos privados desde la Fiscalía. Se acaba de abrir otra guerra insólita entre los letrados del Senado y los del Congreso. Si la justicia mira de reojo al poder, mal vamos. Y para guinda, los mejores se van. En verano, el presidente interino del CGPJ, Vicente Guiarte, y en otoño, Manuel Marchena, el impecable presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo.
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