La práctica de los vientres de alquiler es en esencia una de las caras más lamentables y a la vez más paradigmáticas del neoliberalismo, del capitalismo exacerbado al que no debemos aspirar. Con todo esto de Ana Obregón uno reflexiona y no puede sino celebrar ... el vivir en un país en el que en su marco legal se refiere a dicha práctica como «violencia hacia las mujeres». Porque de eso se trata en esencia, de alquilar el cuerpo de una mujer aprovechando una situación de vulnerabilidad.
Pero no todo es positivo, porque en el fondo estamos ante una hipocresía jurídica difícil de asumir. En España, en realidad, no están prohibidos los vientres de alquiler... para los ricos. El caso de Ana Obregón no ha hecho sino evidenciar que esto es así, pero no es el único ejemplo. Más allá de los casos de personajes famosos, solo en Málaga se inscriben cada año una veintena de bebés que han costado traer al mundo entre 40.000 y 200.000 euros, una cifra a la que la mayoría de ciudadanos no podría llegar en toda una vida.
Creo que esto que ha ocurrido con Ana Obregón es lo peor que le podía pasar a aquellos que defienden legalizar esta práctica, práctica que por otra parte se le achaca constantemente a la comunidad LGTBI cuando sabemos –así lo dicen los datos– que la mayoría de personas que recurren a ella son parejas heterosexuales.
España no puede ser un país que acoja granjas de mujeres como existen y están documentadas en otras geografías, igual que no podemos aspirar –por hacer una comparación de asuntos que están relacionados– a acoger el prostíbulo más grande de Europa como el que está en Alemania. Hay que aspirar a vivir en un país que luche contra las distintas violencias contra las mujeres, no en uno que las institucionalice.
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