Incoherencias y peligros
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La decisión de Juan Cassá de abandonar Ciudadanos y convertirse en un concejal no adscrito pone en evidencia una sucesión de incoherencias morales, éticas y políticas que, además de ser muy tristes, aventuran ciertos peligros. Pero no sólo del propio Cassá, sino de Ciudadanos y, en general, de la política. El 'caso Juan Cassá' es, en sí mismo, una anomalía que contamina las corporaciones del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial; lo lógico sería que el sistema tuviera mecanismos para expulsar a esta persona de la política por la evidente utilización personal y económica que hace de la misma, pero no es así. Por ello, durante los próximos tres años ambas corporaciones, salvo que Cassá tenga un momento de dignidad y abandone, tendrán que convivir con esta circunstancia.
El problema es que el PP está convencido de que si no llega a un acuerdo con Cassá para garantizarse la permanencia de Francisco de la Torre en la Alcaldía lo más probable es que Cassá llegue a un acuerdo con el PSOE. Y no es de extrañar porque Cassá ha mantenido contactos con todos y todos han mantenido contactos con Cassá.
Pero esta situación ha permitido recordar situaciones similares y, algunas de ellas, tanto o más escandalosas. Como se puede ver hoy en la crónica 'El acta como negocio', que firma el periodista Alberto Gómez, el caso de Torremolinos hace sonrojar, incluido a todos los que hacen llamamientos a la ética en el 'caso Cassá'. El alcalde José Ortiz, del PSOE, gobierna, entre otros, gracias a un tránsfuga de Ciudadanos, Nicolás de Miguel, y a una tránsfuga de Vox, Lucía Cuín. En estos casos la condición de tránsfugas les viene porque tras abandonar sus siglas han tomado decisiones contra los posicionamientos de sus respectivos partidos. Pero no sólo Torremolinos; en Alcaucín, la concejal de Ciudadanos -otra vez Ciudadanos- Sara Matés abandonó su partido para evitar así una moción de censura contra el PSOE. O en Benalmádena, donde en la legislatura pasada el PSOE se apoyó en tres exconcejales de Ciudadanos -otra vez Ciudadanos- a los que se les asignó salarios de gobierno aunque estaban, al menos inicialmente, en la oposición.
Todo ello demuestra, además de la podredumbre, la descomposición de Ciudadanos, un partido de aluvión que demostró que bajo los delirios de grandeza de su líder Albert Rivera sólo había barro. Pero también evidencia cómo todos los partidos, empezando por el PP y siguiendo por el PSOE (ambos tienen todos los gobiernos municipales de la provincia) conviven con los tejemanejes, con el transfuguismo y con el instinto de buscavidas de muchos políticos que ponen su acta al servicio del que más pague, olvidando su principal misión de representar a los ciudadanos. Este deterioro moral obliga a buscar herramientas legales para evitar estos desmanes. Hacen falta más decisiones y menos golpes de pecho.
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