Impunidad inmoral e ilegal

Mientras no se reforme (y no es previsible que eso pase a corto plazo), la CE establece lo siguiente: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados» (art. 56.3). Este precepto se puede interpretar de forma extensiva y concluir que en la CE la inviolabilidad del Rey abarca a todos sus actos (incluso los privados), con la consiguiente exoneración de responsabilidad del monarca en todas las vertientes (penal, civil, laboral o administrativa). Hay opiniones que restringen esa inviolabilidad a los actos públicos en ejercicio de su cargo, sobre la base de la referencia al refrendo (en la línea de otros modelos, como el que refleja la constitución italiana, que limita de forma expresa la irresponsabilidad del Presidente de la República a los actos realizados en el ejercicio de sus funciones). Una vez que el rey deja de serlo en vida (porque abdica o se inhabilita para el cargo, arts. 57.5 y 59.2 de la CE), es evidente que no tiene inviolabilidad respecto a sus actos posteriores a la abdicación, existiendo argumentos fundados (que comparto) para entender que pueda ser juzgado por actos privados realizados durante su etapa como Rey de España, ya que cuando deja de ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado, el supuesto fundamento de la inviolabilidad desaparece y debe recibir el mismo trato en materia judicial que cualquier español, con las mismas garantías y con las mismas obligaciones, es decir, responder ante los jueces (en este caso ante el Tribunal Supremo por el aforamiento aprobado en 2014).

Teniendo en cuenta la información sobre supuestos cobros y pagos millonarios del rey emérito (indicios de relevancia que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar datos al respecto a sus colegas de Suiza) y que esos actos podrían constituir delitos (algunos cometidos con posterioridad a la abdicación), sea cual sea la opinión sobre las posiciones antes expuestas, no hay argumentos jurídicos para vetar la investigación judicial y parlamentaria sobre esos indicios de delitos fiscales y blanqueo de capitales. Más allá de la opinión que se tenga sobre la monarquía, impedir esta investigación implicaría una impunidad vitalicia inmoral e ilegal, impropia de un Estado de Derecho que se precie.