No se podía saber, claro. Lo había advertido todo el sector inmobiliario en bloque, la prensa especializada y la oposición; pero este Gobierno es tozudo y va siempre para adelante, como los de Alicante... Aunque sea para estrellarse contra un muro. No se podía saber ... que después de la nueva ley de vivienda no iba a quedar en España ni un sólo piso disponible para alquilar; y si hay alguno, el precio es tan bochornoso que sonroja incluso al que lo pone.
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Aquí de lo que se trataba era de que los dueños de las viviendas vacías pagaran la fiesta, pero sin estar invitados, con el precio y la duración del contrato tasado... Y lo que es infinitamente peor: sin ninguna posibilidad de sacar de su propiedad a un inquilino moroso durante años. Vamos, que convertía a los arrendadores en una especie de ONG a disposición de cualquiera para permanecer en su propiedad el tiempo que quisiera, pagando o gratis, porque la ejecución por la vía judicial es un calvario del que mejor no hablar.
Claro que no contaban en el Ejecutivo con un pequeño detalle, nimio e irrelevante según lo veían ellos; y es que en este país, todavía, la propiedad privada sigue siendo un derecho inalienable. Y los tozudos dueños, que seguro que son capitalistas ultraliberales todos ellos, pues en estas condiciones prefieren tener los pisos vacíos; prestarlos a algún familiar o ponerlos en venta, antes que arriesgarse a que se les meta un 'inquiokupa', que paga el primer mes y después se pega tres años viviendo por la cara. O todavía peor, con los gastos (luz, agua, gas, etc) pagados por su casero.
Estos días es noticia que no quedan viviendas disponibles en ninguna gran ciudad española, ni siquiera para los pobres estudiantes, que pagan un disparate por una habitación en un piso compartido. Y a algunos no nos sorprende, porque se veía venir y ha pasado justo lo que se temía. Porque lo que no tiene ninguna lógica es legislar contra una de las dos partes en una relación bilateral como es la de inquilino-propietario, por servir de forma demagógica a la supuesta facción débil.
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Si de verdad quieren que salgan pisos al mercado, lo primero que hay que hacer es dotar de plenas garantías jurídicas para que, en caso de necesidad, la labor social del realojo humanitario lo haga el Estado, con el apoyo de las autonomías y de los ayuntamientos, con sus recursos propios. Pero no se puede poner la carga de un problema tan grave como la falta de techo sobre los hombros de unos propietarios que son en su mayoría familias de clase media, igual que la de los inquilinos; y que no han elegido ser una ONG.
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