Antes de hablar, conviene estudiar

El art 30 CE, después de regular el servicio militar, la mili, (no exigible desde 2001), establece en sus apartados 3 y 4 que: «3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública». Por tanto, es la CE que la permite estas prestaciones obligatorias, en la línea de otras constituciones europeas (la Constitución alemana, art 12 y la italiana, art 23). Pero es que la misma Ley 36/2015 (aprobada gobernando el PP) ya recoge (art 29), un catálogo de medios materiales y personales públicos y privados. En el mismo año y con similar mayoría parlamentaria, la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, contempla en su art 7 bis (Deber de colaboración), entre otras medidas: que los ciudadanos y las personas jurídicas están sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la protección civil, que en los casos de emergencia, cualquier persona, a partir de la mayoría de edad, estará obligada a la realización de las prestaciones personales que exijan las autoridades, que además podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, así como a la intervención u ocupación transitoria de los que sean necesarios y, en su caso, a la suspensión de actividades. Podemos seguir: la Ley Orgánica 4/2015, de protección de ciudadana (art 7) impone el deber de colaboración de los particulares en casos de gravedad y la Ley 33/2011, general de salud pública (artículo 54) regula la medida de «intervención de medios materiales o personales».

Según el Sr Casado, nuestra legislación vigente (en gran parte aprobada en época del PP) permite movilizar y expropiar cuando le dé la gana al Gobierno de turno. Por fortuna, eso no es así porque estamos en un Estado de Derecho, donde conviene que todos, y en especial los que tiene responsabilidades, sigan una máxima: antes de hablar, conviene estudiar.