Gris rojizo

En España, desde 1978, nunca las libertades se vieron más comprometidas que con este Gobierno. Cada paso, cada orden ministerial, cada gesto, cada proyecto de ley, cada una de las acciones materializadas por el ejecutivo de Sánchez nos recortan capacidades, autonomía personal y colectiva. La ... ley Celáa, la proyectada reforma de la instrucción penal para poner a los fiscales al mando o la increíble creación de la comisión de la verdad, no son sino jalones de una deriva general cuyo fin es absolutamente ajeno -y hasta hostil- al interés y salvaguarda de la libertad y el bien común. El origen de la descarada deriva gubernamental está en la coalición parlamentaria de la moción de censura a Rajoy en 2018. En ella, el PSOE aceptó -o incluso gestó- asociarse con los partidos independentistas y el populista de extrema izquierda ahora llamado Unidas Podemos. Asociarse indiscriminadamente con el espectro parlamentario que va desde la izquierda moderada a la radical, pasando por los herederos de ETA ajustándose a los secesionistas de todo pelaje hasta el nacionalismo del PNV o BNGa, fue entendido por los votantes socialistas como una coyuntura puntual, pero los acontecimientos, el tiempo y las evidencias, han mostrado que este invento de Pedro Sánchez tenía -tiene- vocación de permanencia. El problema es que la acción de gobierno, su impronta, sus tendencias, objetivos reales y carga ideológica plasmada con hechos cada día, no cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos, ni siquiera con un notable apoyo. Y no es que los partidos que conforman la corporación radical parlamentaria que junta sus votos y somete leyes y reformas cada día no tenga apoyos, cada uno de ellos, no, quien no cuenta con la anuencia del país es el producto final gris rojizo que encarna la semisuma de todos ellos.