Un gol en propia meta

No es que la Liga o la Federación sean precisamente ejemplos de buena gestión, transparencia y buenas relaciones pero, en esta ocasión, no había duda de que aceptar la cautelar para que la chapuza de Laporta no dejase en evidencia al club catalán, emblema del soberanismo, supone alterar la competición vulnerando la legalidad vigente y el derecho a la igualdad de las entidades deportivas. La cascada de reacciones ha acusado al Ejecutivo de arbitrariedad, trato de favor, falta de rigor y desigualdad. Pero la indignación no se ha limitado al ámbito de los clubes sino que ha permeado a la opinión pública, más que algunas decisiones políticas de trato de favor a los independentistas como la promesa de un concierto económico, los indultos o la amnistía a la carta a los condenados por sedición.

El Gobierno no ha valorado lo suficiente el impacto en los aficionados del despotismo a favor del Barça. En una radio exclusivamente dedicada a la información deportiva, uno de sus comentaristas, Gerardo Cebrián, que además se confesaba «votante del partido gubernamental», decía: «Lo que ha hecho el Gobierno supone defecar (sic) sobre sus propias leyes y sobre el fútbol español. Es de vergüenza ajena pero ya se ha visto que en todo lo que tiene relación con la cuestión catalana, el Gobierno se baja los pantalones una y otra vez». Otro comentarista de prestigio en Radio Marca, Chema Buceta, advertía : «Esto está creando en toda España un sentimiento anti. El Gobierno ha resuelto un problema puntual pero es pan para hoy y hambre para mañana. Esta decisión tiene más importancia de lo que parece. Hay mucha gente que no sigue la política, pero sigue el fútbol... Están cavando su propia tumba». La estrepitosa butifarra de Laporta al enterarse de que el CSD había claudicado a las presiones es un corte de mangas al sistema y a los que han cumplido las reglas como el Getafe o el Éibar. No le saldrá gratis, ni al presidente del Barça, ni al Gobierno de Sánchez.