Miércoles, 4 de septiembre 2024, 02:00
cLa elección de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo acabó ayer con un bloqueo que ha lastrado durante más de cinco años a tan esencial servicio público a causa de la supeditación de las instituciones a un pulso ... sin concesiones entre los dos principales partidos. La magistrada del alto tribunal, con fama de facilitadora de acuerdos y una dilatada trayectoria, se consagra así como la primera mujer en ponerse al frente de nuestro sistema de Justicia, lo que tiene un innegable valor simbólico. Su mandato da inicio con la tarea inmediata de recuperar el tiempo perdido en cuanto a los nombramientos pendientes en las distintas instancias judiciales. Al tiempo, el CGPJ debe demostrar su renovación sustrayéndose a la dialéctica partidaria y también a la presunción de que la judicatura está dividida a todos los efectos entre conservadores y progresistas. Como si el ejercicio de sus funciones estuviera determinado por un maniqueísmo que dejaría la interpretación de la ley a expensas de una dialéctica por control remoto entre las derechas y las izquierdas.
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Las vicisitudes en las últimas semanas de los encomendados para constituirse en gobierno de los jueces atestiguarían esa dependencia. Aunque también revelan la personalidad profesional de los servidores de la Justicia para impedir que ésta continúe empantanándose a cada paso por motivos no ya ideológicos o doctrinarios, sino de puro interés partidario. La elección de Perelló aproximándose al consenso, como 'prima inter pares', hace recaer sobre su persona una responsabilidad aún mayor que la que supone el cargo. La reducción de ese órgano de gobierno a un acuerdo entre el PSOE y el PP no debería hipotecar la actuación de sus integrantes.
El CGPJ cuenta, cuando menos, con la ventaja de que no se ha visto colonizado por el Gobierno de Sánchez como cantera de designaciones institucionales, como ocurriera con el paso de dos ministros de Justicia -Dolores Delgado y Juan Carlos Campo- a la Fiscalía General y al Tribunal Constitucional respectivamente. El anuncio de que José Luis Escrivá transitará directamente del Consejo de Ministros a dirigir el Banco de España no es la mejor señal de la salubridad institucional de nuestro país. Al margen de su acreditada valía profesional, es lógico pensar que cuando menos se verá obligado a pasar por alto su propia ejecutoria gubernamental en su mandato.
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