Florentino gana

Con lo que está cayendo, este país necesita mucho sentido común para garantizar la salud pública y también muchos recursos públicos para atender y apoyar a empresas, autónomos y trabajadores que afrontan negros nubarrones ante la brutal crisis económica que ha provocado la pandemia. Por esto adquiere ahora especial relevancia, aunque también la tiene en época de bonanza, el art. 31.2 CE cuando señala que «el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía». De esta previsión constitucional se deduce que el gasto público debe ser en su programación y ejecución ecuánime, equilibrado y vinculado a la «redistribución de riqueza», que es el fin último de cualquier sistema tributario. Por tanto, nuestro ordenamiento jurídico parte de que el uso de los recursos públicos debe buscar la optimización para lograr los más justos resultados para los ciudadanos.

Esto que planteo viene a colación de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de gas natural denominado 'Castor', otorgada por Real Decreto 855/2008, en situación legal de hibernación desde el Real Decreto-ley 13/2014 y desmantelamiento, sellado y abandono definitivo de los pozos por Acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2019. Entre 2006 (solicitud de la concesión) y 2014 (hibernación), un expediente que corre al trote y donde, ¡casualidad!, se aprueba la declaración de impacto ambiental sin responder a las alegaciones sobre el riesgo sísmico. La tierra tiembla en septiembre de 2013 generando una considerable y justificada alarma social, (lo que motivó la suspensión de la operación del almacenamiento). Consecuencia de todo esto: un desastre ecológico y una dilapidación de recursos públicos en la astronómica cuantía de 1.350 millones de euros, pago realizado de una vez y en 35 días por reconocimiento de inversiones y costes a ESCAL UGS, S.L (participada en un 66,67% por ACS, o sea, Florentino Pérez).

Responsables. Un gobierno del PSOE que otorga la concesión sin garantías medioambientales y con una cláusula indecente (que en honor de la verdad intentó anular el PP cuando llegó al Gobierno) que admitía indemnizaciones con independencia de que hubiera concurrido dolo o negligencia, y un gobierno del PP que paga raudo por Decreto-Ley (anulado en parte por STC 152/2017) la compensación millonaria. A veces se parecen demasiado.