Fiscalía Fortuny

En el último auto del juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que investiga la filtración de datos sobre Alberto Gómez Amador, pareja de la presidenta madrileña, se señala la relación de tres fiscales con la misma. A saber: el fiscal general del Estado, la fiscal jefe de la provincia de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la secretaria técnica, Diego Villafañe. El equipo Fortuny en palabras de Álvaro García Ortiz. A raíz del informe de la UCO, estas tres personas presuntamente podían haber trabajado de forma conjunta «para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados, y con ello incurrir en la eventual comisión del delito contemplado en el art. 417 CP (Código Penal)».

Avanzan las investigaciones y parecen que conducen al edificio Semillas donde la Moncloa es un laberinto de móviles y mensajes de correo electrónico, por mucho que los pájaros se hayan comido las migas del camino.

Almudena Lastra, la ley con gafas de sol negras y abrigo de piel, fiscal superior de Madrid, no dudó en declarar en el Supremo este pasado jueves que creía que la filtración del correo electrónico de la pareja de Ayuso salió de la Fiscalía. Lastra preguntó con tono de reproche a García Ortiz en el día de autos: «¿Has hecho tú la filtración?». El fiscal general contesto: «Eso ahora no importa». Posteriormente, Julián Salto, fiscal de delitos económicos que investigó los presuntos delitos fiscales cometidos por Alberto González Amador, declaró que en la Fiscalía no existe un protocolo de borrado del dispositivo, tal y como alegó el propio García Ortiz tras conocerse que había borrado todos los mensajes de su móvil.

La Fiscalía Fortuny es el brazo político de la ley. Unas togas manchadas por el barro y el fango, que obedecen a la consigna y el interés partidista. Su labor no es la de impulsar la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, sino la de mantener a aquellos que los nombraron por propia supervivencia profesional.

La justicia con la venda en los ojos se abre camino entre la maleza que la política regó e hizo crecer.